LA REALIDAD DEL FENÓMENO DEL DESPLAZAMIENTO EN COLOMBIA

Daniel Loaiza Correa

I.      QUIEN QUIERE DOMINAR LA TIERRA EN COLOMBIA

Para las trasnacionales la tierra es una mercancía incorporaba a sus inversiones, para las comunidades la tierra es su vida. No son únicamente dos maneras de concebir el modus vivendi frente a la tierra de individuos sustancialmente diferentes, no, son dos formas de concebir la vida. Y es allí, en esa transversalidad sociológica donde el texto frio de las normas soluciona nada. Ello es plenamente entendible dentro de la pseudodemocracia que vive Colombia, pues es apenas razonable que del que nada sabe nada se espera. Por ello, si nuestro legislador poco sabe de su electorado pues poco hará para solucionar sus problemas. Las comunidades deberían tener toda la opción para hacer valer el suyo, pero generalmente van a la zaga, limitándose a resistir a posteriori cuando los hechos se abalanzan sobre ellas. El sector agropecuario es condenando a muerte mediante la libertad de importaciones con excepción de algunas plantaciones como las de palma africana cuya extensión interesa a las trasnacionales para saturar el mercado mundial de aceite como antes lo hicieron con el de café o de los monocultivos de especies introducidas de árboles para explotaciones madereras o producción de papel o cartón, o por supuesto, de los cultivos transgénicos controlados por la respectiva transnacional. La concentración de la propiedad de la tierra en las manos de 5 mil latifundistas ya no tiene como fin la producción agropecuaria, sino la mera especulación con el precio de la tierra, que se espera ir al alza gracias a los proyectos de inversión trasnacional o estatal. A la concentración de la tierra debemos sumarle la indecencia de nuestro Legislador. Muchos son los ejemplos de la protección de pocos a través de leyes espurias cuya única intención clara es la no distribución de la tierra en Colombia pues ellos saben que el costo político sería tan alto que les podría costar quedarse solos en su aposentos legislativos. Es en estas condiciones es las que la violencia ha vuelto a resultar rentable como medio de desplazamiento de las comunidades rurales con la ayuda de  instituciones estatales propias, nadie estará dispuesto a dejar el jugoso festín cuando todos se benefician con el sufrimiento y la vida de muchos. En Colombia el Magdalena Medio fue el área piloto de este tipo de desplazamiento a raíz de la construcción de llamada “Carretera de la Paz” en los años 80. Este modelo se aplicó después y se sigue aplicando en las áreas estratégicas: Atrato-Truandó, río Meta, Putumayo, futura carretera Urabá -Venezuela, proyectos hidroeléctricos y zonas petroleras. Un estudio de la Contraloría General de la Nación identificó al occidente colombiano como la región de más alta concentración de la propiedad rural y al Valle del Cauca como el departamento donde más se incrementó entre 1895 y 1996. También observó una concentración alta en Antioquia, Sucre y Cesar. El estudio de Claudia Rincón sobre el catastro detectó que el proceso de concentración fue mayor en Cesar, Bolívar, Valle, Quindío, Caquetá y Putumayo; en tanto que las Encuestas Agropecuarias del DANE identificaron procesos de concentración de las explotaciones agropecuarias en Meta, Casanare y Chocó[2]. Es precisamente el despojo de la tierra y el desplazamiento generado, uno de los elementos fundamentales (aunque no el único) que explica históricamente la inseguridad alimentaria de gran parte de los colombianos. La violencia estatal y paraestatal del último cuarto de siglo se entiende por el afán de insertar a Colombia en el más reciente proceso de modernización capitalista: la globalización neoliberal. El neoliberalismo es quizá la expresión más cruel y refinada del capitalismo en toda su historia. De los infantes trabajadores de las ciudades inglesas que tan fielmente retratara Dickens y Marx, hoy hemos pasado a ingentes ejércitos de niños mendigos en semáforos o escarbando desperdicios de puerta en puerta. Todos los países atrasados lanzados a la vorágine neoliberal se encuentran en un verdadero caos social en donde, al tiempo que la riqueza se concentra en poquísimas manos, la mayoría vive en terribles condiciones de pobreza y hambre. Colombia, por supuesto, no es la excepción. Si en 1991 el 10% de los colombianos más ricos se adueñaba del 52% de los ingresos, en el 2000, y tras una década de ofensiva neoliberal, lo hacían con el 78.4% de los mismos. Simultáneamente, la proporción de pobres pasaba de un 53.8% a un 59.8% de la población total[3]. Ese entorno de miseria generalizada es más que palpable en el 10% de los niños pobres de entre 5 y 11 años de edad que no tienen acceso a la escuela primaria, y en el 25% de jóvenes que no se benefician de la enseñanza secundaria. También, en el 44% de toda la población colombiana a la que no cobija el Sistema General de Seguridad Social y que, en consecuencia, carecen de cualquier atención en salud[4].


[1] El presente escrito hace parte del trabajo de investigación adelantado desde el año 2006 dentro del Grupo de Investigación “PACHAMAMA”.

[2] QUINTERO VALENCIA, ENRIQUE “Régimen Político Colombiano I”. Edit. MANIGRAF. 2002. Ob. Cita.

[3] Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Reelección: el embrujo continúa. Segundo año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Ediciones ANTROPOS Ltda. Bogotá. 2004. p: 99.

[4] SARMIENTO ANZOLA, LIBARDO. “Conflicto, intervención y economía política de la guerra”. En: Estrada Álvarez, Jairo (editor). Plan Colombia. Ensayos críticos. Editorial UNIBIBLOS. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2001. p: 67.

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