CLAUSULAS ABUSIVAS EN LOS SERVICOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Daniel Loaiza Correa

I.             INTRODUCCIÓN

 El Estado Social de Derecho , principio fundante incorporado en la Constitución de 1991, produjo un cambio radical en la forma de entender el Estado Colombiano. Esta concepción trajo consigo, ya no solo el respeto por parte del Estado de los Derecho fundamentales, sino que aunó la necesidad imperante de que este garantice el ejercicio de dichos derechos. Es decir, el Estado ya no solo debe omitir acciones que produzcan vulneraciones en los derechos fundamentales sino que debe efectuar actos tendientes a garantizar de manera efectiva el uso y disfrute de los derechos constitucionales de carácter fundamental. De esta manera, el Servicio Público Domiciliario  es uno de los mecanismos  por los que el Estado ha optado para salvaguardar de manera efectiva los derechos fundamentales. 

A través de la prestación de estos, se busca garantizar derechos como la vida, la integridad personal, la salud, la educación, etc. Pues bien, por medio  de estos servicios se pretende primordialmente satisfacer en forma general necesidades de manera regular y continua, que tengan como respuesta principal la salvaguarda permanente de los derechos y deberes constitucionales. La Constitución Política Colombiana ha determinado la dirección de los servicios públicos domiciliarios en cabeza del Estado. Por consiguiente, a la luz del artículo 367 Constitucional, y de la Ley 142 de 1994 que se fijan los parámetros generales de los servicios mencionados.

En el presente escrito se analizarán las Clausulas Abusivas que contienen los Contratos de Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, y de Energía Eléctrica en la ciudad de Manizales. Igualmente, se hará a la luz de la Constitución Política y de la Ley 142  de 1994, con apelación a la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia en caso de cualquier aclaración.

II.            LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN COLOMBIA Y LA POSTURA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Al Estado le corresponde, a través de la Rama Ejecutiva en todos sus niveles –nacional, regional, local-, el suministro de los servicios públicos básicos a la  comunidad. Entre tales servicios se cuentan, en el Estado moderno, los de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, asistencia social a los menesterosos y desvalidos, vías de comunicación, educación pública, abastecimiento de alimentos, salud, soluciones de vivienda a las clases menos favorecidas, comunicaciones, recreación, vigilancia pública y administración de justicia, entre los más fundamentales. Aunque es función prioritaria del Estado prestar éstos servicios, dada la complejidad, costos y extensión de los mismos, algunos de ellos como los de educación, asistencia social, comunicación, limpieza de vías públicas e incluso vigilancia, y otros como el del transporte público, se dejan menudo, al menos en parte, en manos de particulares. La tendencia en el Estado moderno ha sido la privatizar las empresas que prestan éste tipo de servicios, y otros como la banca y, en general los financieros y de fomento. Pero en todos los casos, el Estado debe reservarse siempre la supervigilancia y control de la cabal prestación de los servicios públicos, cuando no los presta directamente .

La prestación de los servicios públicos es un concepto propio del ya discutido Estado Social de Derecho. Es un hecho que las tradicionales funciones estatales –monopolio de la justicia y de la fuerza, unificación de la moneda, relaciones con otros Estados-, se quedan cortas ante las necesidades contemporáneas y lo que muchos llamaron hace un par de décadas “revolución de las expectativas” ciudadanas que demanda del Estado no solo  seguridad sino también bienestar para todos. En términos sociales ese bienestar se materializa a través del adecuado suministro de agua potable, alcantarillado, energía, gas, teléfono, educación y servicios de seguridad social, en un Estado, que al propio tiempo, dispense la seguridad necesaria para la convivencia social civilizada. De ahí surge la legitimidad del poder estatal y la sujeción consecuente que le reconoce el ciudadano. El Estado colombiano no logra cumplir con sus funciones básicas en ninguno de los dos aspectos. Esa certidumbre reiterada a través de sucesivos y dolorosos episodios fue uno de los factores determinantes de la Carta de 1991. En el frente del bienestar, los constituyentes de 1991 consideraron que la asignación de una finalidad social a la gestión estatal y la vinculación de ella con la adecuada provisión a la población de bienes y servicios básicos para el mejoramiento de la calidad de vida, eran indispensables .

DESCARGAR

Tags: , , , , ,

Deje aquí su comentario

Usted debe estar registrado para comentar este artículo.