ELEMENTOS PARA UNA TEORÍA DEL ESTADO

 

ELEMENTOS PARA UNA TEORÍA DEL ESTADO

Enrique Quintero Valencia

  1. La Evolución del Estado: Del Estado Liberal Clásico al Estado Social de Derecho.

 

¿Es necesario un  Estado Social de Derecho? ¿Colombia, un Estado fallido?

 

 

LA EVOLUCIÓN DEL ESTADO: DEL ESTADO LIBERAL CLÁSICO AL ESTADO SOCIAL DE DERECHO.

 

 

La idea del Estado de Opinión se ha identificado desde Polibio y Maquiavelo con la estrategia política de las monarquías absolutas, primero, y de las dictaduras, después. En él lo que importa es el pensamiento y los proyectos del caudillo, del hombre fuerte. En el lema nacionalsocialista, el pueblo se identificaba con el Estado, y el Estado con el Caudillo. En Colombia se intentó aplicar estos criterios bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y con su anuencia. Los Estados de Opinión, como estructuras políticas, participan de características bien definidas como el caudillismo, el nacionalismo, el militarismo, el mesianismo y el imperialismo.

 

Cuando la gente dejó de creer que a los reyes les transmitía Dios su poder a través del Papa, los comerciantes-filósofos (Rousseau y varios más) empezaron a explicar el Estado comparándolo con lo que más conocían, esto es, con un contrato. Dos partes en el compromiso acabarán definidas como gobernados y gobernantes, comprometidos aquellos a respaldar a éstos mientras se ocuparan con honestidad en promover el bienestar de todos. La mejor forma de que un contrato se respete parte de que se conozca, y para conocerlo nada mejor que hacerlo por escrito: Hé ahí la Constitución. Es el texto del contrato social. Algunos pueblos con viejo desarrollo democrático habían descubierto que no era preciso tenerla escrita y la conservaron en la mente y en el corazón a través de los siglos. Pero en todos fue objeto de respeto porque definía el derrotero de una sociedad, su concepción del derecho y la justicia, la forma de tomar las decisiones que regirían su destino, las atribuciones de los gobernantes, el ejercicio de la autoridad, las relaciones con otros pueblos, y las obligaciones y deberes de los gobernados. Éstos ya jamás serían súbditos, ahora serían ciudadanos, iguales y próximos a quien los gobierna.

 

Las relaciones entre Constitución y Estado están claras si se mira el contenido material del Estado, dado que su forma apenas empieza a delinearse hacia el siglo XIV, después de que Maquiavelo lo bautiza: Stato. Pero los elementos que lo integran, a saber, un pueblo y un gobierno que ocupan y defienden un territorio, tienen entidad desde el momento mismo, concreto pero cronológicamente indeterminado, en que se pasa del estadio de los Nómades a la etapa Sedentaria, con la invención (o descubrimiento?) de la agricultura. El Estado es hijo de la etapa agraria de las civilizaciones. Los pueblos nómades, recolectores, pastores, ganaderos, agrupaban pueblos bajo el dominio y gobierno de sus jefes –guerreros los unos, sacerdotes los otros-, y constreñidos siempre por la presencia de los dioses y los vínculos mágicos con ellos, que constituían la primitiva legislación, siempre teocrática.

 

Estos pueblos iban imaginando y consolidando una Constitución consuetudinaria, que tejía a la voluntad de los gobernantes las tradiciones de la comunidad. Y esta comunidad, amorfa en sus principios, es pulida por las leyes y el encuentro con el derecho hasta tomar la dimensión de sociedad. Esa comunidad que está regida por el derecho es ya una sociedad y tiene una Constitución material que la rige. Así visto el proceso, sociedad y derecho anteceden al Estado. A éste se llegará cuando se conquista la posibilidad de permanecer en un territorio, de apropiárselo, de defenderlo como suyo… Pueblo, gobierno y territorio serán en adelante los criterios precisos para la definición del Estado. Se tendrá ya ese Estado en la civilización cretomicénica, un poco antes del siglo XV antes de Cristo. La historiografía contemporánea permite ir más atrás, y hallar ciudades-estado en civilizaciones más antiguas o protohistóricas como la khmer, la coreana y la egipcia.

 

Y es la ciudad el primer territorio que delimita al Estado. Estado-ciudad que hará un largo tránsito a través del expansionismo de sus reyes conquistadores hacia los compuestos de ciudades dominantes y ciudades tributarias o sojuzgadas, que eran sometidas a dependencia cuando se libraban de la muerte o de la esclavitud. Es historia de los grandes imperios históricos hasta la descomposición de Europa y la formación de los Estados territoriales de nuestro tiempo.

 

La Constitución, definió el Estado y participó de su evolución. El Estado, que es el aparato jurídico-político que asume una sociedad, se inventó para que resolviera las necesidades vitales de ella, es decir, para que se encargara de lo que se llamó “servicios públicos”. Gradualmente, a medida que el viejo liberalismo económico y la clase empresarial convirtieron la Constitución en una herramienta suya para apropiarse del Estado, éste fue devolviendo a la clase empresarial todo lo que alguna vez tuvo tinte de servicio público. Ahora no los presta el Estado, pero sigue cobrando los impuestos que alguna vez se destinaron a ello. En la Constitución real de los países actuales está institucionalizado el doble pago: lo que la sociedad necesita lo paga una vez al Estado y otra vez a la clase empresarial.

 

CONSTITUCIÓN COLOMBIANA

 

Ferdinando de Lassalle, enamorado de ella, encontró bajo sus ropas la verdad de su naturaleza. La Constitución no opera objetivamente por sí misma: lo hace a través de los llamados “factores reales de poder”. Los ciudadanos opinan, pero tienen canales muy definidos en cada Estado: La Iglesia, las Fuerzas Armadas, los grupos de presión económica, el Congreso o rama legislativa, las Cortes o cúpula de la administración de justicia… (Si miramos la situación de Honduras, observaremos que el presidente que se quiso reelegir, al margen de su Constitución, fué depuesto y rechazado por un gran sector del pueblo que se manifestó a través de esos “factores reales de poder”.) En la práctica, en los estados políticamente inexpertos, la Constitución carece de estabilidad. En Colombia, la Constitución ha bailado al ritmo de los partidos políticos, y cada uno ha redactado la suya cuando tiene el viento a su favor. La última Constitución colombiana (la última, por ahora…) ha tenido algunas características que la especifican: Descubrió y bautizó el Estado Social, que ya existía desde la función social de la propiedad en 1936. Incluyó los Derechos Humanos para reemplazar los Derechos del Hombre de 1789, y les señaló un procedimiento de protección –la Tutela-, que también sin que se la nombre ha existido en todo nuestro derecho desde la fundación de la república. Ordenó la integración económica con Latinoamérica y el Caribe, cosa que no tiene por qué estar en una Constitución sino en los planes de algún gobierno. De hecho, los últimos gobiernos se han alejado de ese mandato y escogieron la integración con los Estados Unidos.

 

La Constitución del 91 carece de unidad conceptual, como sí la tenía la del 86. Ésta, la llamada Constitución de Núñez, fue redactada íntegramente por el autodidacta Miguel Antonio Caro y el sacerdote José Telésforo Paúl. En cambio, la del 91 fue forzada a recibir el aporte de más de setenta pares de manos que incluían las de políticos profesionales, representantes de los gremios y de numerosos partidos pequeños, de líderes religiosos y de exguerrilleros de derecha y de izquierda. Incluye en su ensamble numerosas contradicciones que no siempre se han podido limar en el desarrollo legislativo. Una de las más protuberantes es la creación de un híbrido denominado “Estado Social de Derecho”, que trata de hacer compatibles los influjos del liberalismo romántico de la Revolución Francesa, inventor del Estado de Derecho, y el Estado Social originado en las revoluciones socialistas y que se manifestó en la función social de la propiedad y el estado intervencionista. En la prosaica realidad desde el gobierno que la usufructuó inicialmente hasta hoy, todos han estado comprometidos internacionalmente con el neoliberalismo. De modo y manera que el intervencionismo socialista solamente ha tenido aplicaciones excepcionales. Que ya existían con antelación. Ni la administración ni el legislativo han parado mientes en este estado moderno que se intenta patentar. Sólo hay asomos de la modernización peligrosamente revolucionaria de esta Carta en las aplicaciones fácticas de una discutida justicia. En efecto, lo que de moderno se encuentra en ella, la doctrina de los Derechos Humanos ahora positivizada, convertida en derecho a regañadientes, copiada de otras constituciones posteriores a la alemana del 49, tiene dividida horizontalmente la estructura judicial. Desde las tradicionales Altas Cortes hasta los juzgados municipales se aplican los criterios del Estado de Derecho, el derecho formal ad pedem literae, protector de los intereses de la clase empresarial. En una posición insular, sola contra todos, la Corte Constitucional trata de hacer honor a los criterios del Estado Social, iluminados por la principialística y los Derechos Humanos, encerrada entre el respeto hostil del gobierno, los empresarios, y sus colegas de la rama judicial. Hay qué decir, también, que el largo catálogo de derechos humanos se queda en el aire de la irrisión cuando se incorporan como “derechos” los postulados que el mismo legislador decidió excluír de la tutela constitucional, porque no son más que humo: derecho a la paz… derecho al trabajo… derecho a una vivienda digna… y todo eso que apodaron como “derechos de desarrollo progresivo”.

 

Pero esta Constitución tiene otra diferencia importante con las anteriores. Todas ellas abandonaron en la ley el origen del derecho, y por eso la ley tuvo primacía sobre ellas. No faltaron interpretaciones de la Constitución fundadas en principios legales: Lo más interpretado con lo menos… Esta Constitución se ha definido como norma de normas, como ley de leyes, y por ello es imposible dejarla a un lado. Es la primera ley. Es el primero y más alto código procesal. Ya los jueces, que fueron entrenados para hacer uso de fundamentos legales en sus proveídos, están aprendiendo que sus fallos se pueden caer si se olvidan del imperio de la Constitución. La Constitución del 86 desapareció sin que se hubiera leído completa siquiera una vez. Ahora se ha complementado la redacción de la Constitución con un prolijo y extendido ejercicio pedagógico, y ya el pueblo colombiano conoce sus derechos y los procedimientos para defenderlos. No es extraño que un párvulo encuentre posible “entutelar” al profesor violento o al padre que lo abandona.

 

La campaña tendiente a la recreación de la Carta Mayor (la “Magna” fue en 1215, y no existía Colombia) hizo ofertas que no se cumplieron. Probablemente el mayor atractivo era la transformación de nuestro régimen representativo al sistema participativo. La representación sigue más o menos igual, y la participación es precaria. Lo más importante era el mandato revocable: Servidor que no sirva es servidor que se va a la casa. Pero eso no se consiguió. El mandato revocable –como un caramelo para distraer la atención- solo opera respecto de los alcaldes y gobernadores. Por qué no se amplió nunca para revocar el mandato del presidente de la república, de los congresistas, de los diputados, de los concejales? En cambio se la ha sometido a sistemáticas contrafacciones para implantar las reelecciones, con marcada inmoralidad porque no se discute y aprueba por sujetos imparciales y habilitados sino por los mismos que serán sus primeros usufructuarios.

 

Aspecto ineludible es el relacionado con la soberanía. La soberanía era lo que permitía a un Estado tener una Constitución, y en ella se concebía como Estado soberano porque no había ninguna autoridad sobre la autoridad de su Constitución. Desde mediados del siglo pasado se ha reemplazado el concepto de soberanía por el de interdependencia de las naciones. Además, la doctrina de la supraconstitucionalidad de los Tratados públicos indica que la Constitución está en un nivel secundario. A medida que se suscriben Tratados la soberanía va desapareciendo en jirones, y aparecen autoridades que juzgan –Corte Interamericana de Derechos Humanos- y que sojuzgan –Fondo Monetario Internacional- al Estado y desmoronan su constitución. Con el TLC que se firma con los Estados Unidos desaparece la soberanía nacional en materia económica, ya nada tienen qué decir o decidir nuestros gobiernos o nuestro Congreso: todo está previsto allí…

 

EL ESTADO EN LATINOAMERICA

 

 

En nuestro tiempo la ciencia política, ahora llamada análisis político, ha cambiado su punto de vista sobre el Estado. Antes se tenía una concepción casi metafísica y eminentemente formal, en la que la noción de Estado respondía a un conjunto de elementos concretos que al unirse daban un resultado identificable por todos como Estado. La subsiguiente influencia del pragmatismo de James y de sus seguidores norteamericanos desestima el concepto específico de Estado y lo sustituye por una pluralidad de opciones o “posibilidades de que algo sea Estado”; se desplaza la visión de un aparato político, y se conquista con mejor dinámica la de sistema o sistemas políticos.

 

Se puede observar fácilmente que la teoría del Estado no ha corrido parejos caminos en Europa y en América Latina. En este continente el proceso ha generado una conciencia más o menos sólida de que el Estado surge y depende del movimiento constitucional. A diferencia de los europeos y anglosajones de América que sienten que la Constitución no hace el Estado sino que refleja el Estado, generado por el movimiento social. Los latinoamericanos tienen la convicción de que hacer constituciones es hacer el Estado, y que una reforma o sustitución de la Constitución va a revertir en cambios sociales. La experiencia de los últimos decenios va mostrando lo equivocado de esta tesis. Sobre todo en Colombia, donde el Estado sigue igual, con sus virtudes y vicios, a pesar del cambio de Constitución.

 

El Estado contemporáneo confronta problemas nuevos, como son la relación con la pluralidad de etnias que dentro de él permanecen en más conflicto que armonía; y de otro lado, la confrontación -igualmente severa- con las tendencias internacionales de la dinámica supraestatal. Los nostálgicos de la soberanía estatal tropiezan ahora con la incidencia de una difusa voluntad supraestatal en materia de relaciones comerciales, de derechos humanos, de legislación comunitaria, de industrialización de la cultura y la información, etc. Relaciones que no son unívocas sino que se abren en abanico para ser dependencia, imposición, subordinación, acuerdo a nivel, y tantas más. Antes de que INTERNET se volviera un espacio incontrolable de comunicaciones al acceso de todos, ya eran internacionales la estrategia geopolítica militar y la programación de la economía…

 

Aunque la historia del Estado latinoamericano es un puente secular entre diversas formas de dependencia -“De la dependencia de España a la dependencia de Estados Unidos”- los politólogos solían distinguir varias etapas. Los Estados latinoamericanos surgen con su independencia de la metrópoli, permaneciendo en adelante vinculados umbilicalmente a la estructura capitalista general de Occidente. Esto ocurre para todos en las primeras dos o tres décadas del siglo diecinueve. En la segunda mitad de ese siglo, asumen la forma de Estados oligárquicos y se empiezan a delinear las familias que dinásticamente serán representativas en la conducción del país. Las revoluciones del 17 en Rusia, y del 20 en México, dan entrada a las esperanzas populistas hasta la mitad del siglo veinte, pero las oligarquías económicas conservan su poder con la estrategia del reformismo demagógico que les permite conservar su influjo hasta la segunda postguerra. Con ésta llegan los vientos del desarrollismo, la autoridad política toma para sí ese compromiso y se esfuerza por recobrar los retos de la modernización del Estado y darle contenidos más dinámicos al envejecido concepto de la democracia.

 

Desde los días de la penosa independización, la formación del Estado atraviesa crisis que no son idénticas en todo el continente. El resultado natural de la consolidación de una conciencia política tiene agregados peculiares, que en un lado son aportados por el mestizaje, por el criollismo, (Colombia) en tanto que en otros está matizado en mayor proporción por los intereses de inmigrantes invasores e incontaminados (Argentina y Chile), y en tercer lugar por las tradiciones indígenas como en Bolivia. No es posible, entonces, pensar en una homogeneidad sociológica del concepto de nación en los Estados latinoamericanos. Esto significa que rotas las cadenas de la dependencia externa, los Estados nacientes se enredaron en luchas, nacionales sí, pero que eran manifestación de intereses contrapuestos y reacción de los partidos o sectores derrotados. En Colombia, desde entonces, los criollos y mestizos descendientes de los chapetones, tendrán la confrontación sorda de las minorías negras e indígenas, que se articulan desde entonces en el proletariado laboral e indigente. La lucha política -y civil- en el Cono Sur se dará entre los inmigrantes que se apropian por ocupación de todos recursos, los sectores de mestizaje relativamente restringidos, y los grupos de indígenas y negros que son primero desposeídos y luégo eliminados. Las regiones donde resultan fuertes las tradiciones indígenas, como Bolivia y acaso Ecuador, se configuran como verdaderas islas presionadas por la influencia de los vecinos y que poco a poco van debilitando en una agonía secular ese elemento basal de su estructura sociopolítica. El indigenismo lucha a brazo partido contra la modernidad, y hace tránsito a simples manifestaciones folclóricas antes de desaparecer definitivamente. A la larga se van imponiendo partidos que con el pretexto de la marcha hacia la unidad nacional van descabezando y disolviendo toda muestra de pluralismo.

 

Con la crisis económica del 30 los Estados, en cuyas constituciones la oligarquía dominante había inscrito profusos conceptos liberales, se mostraron incapaces de afrontar los problemas, y como castillos de naipes fueron cayendo sus gobiernos y se vió la necesidad de remozar los instrumentos de dominación. En Colombia, después de la larga hegemonía conservadora, llega el turno para los gobiernos liberales a partir de Olaya Herrera en el 34. Comoquiera que para entonces la oligarquía compartía o alternaba en los principios ideológicos, esta crisis se mostró también como una primera contradicción interna o fragmentación de la oligarquía bipartidista. Y a partir de entonces se inició una saga en la que a la postre no estaba el país administrado alternativamente por las oligarquías terratenientes de uno y otro partido, sino que en realidad existía un solo partido -el liberalconservatismo- que con dos caras ponía el monopolio del poder siempre en manos de la misma oligarquía liberalconservadora, detentadora del capital y de la tierra, y como reflejo, del poder político.

 

Posteriormente, las masas presionaron por su integración al proceso económico-político, y las oligarquías aparentaron ceder a la presión y dieron a luz reformas y concesiones populistas que luego tomaron forma. Este Estado que pretende hacer intervencionismo de favor popular, es en realidad el Estado desarrollista -primero crecer y después repartir- que se monta con la ayuda de la C.E.P.A.L. con proyecciones hasta la década del 70. Tuvo como espíritu santo a Keynes, y adoptó instrumentos como el bienestar general y la democracia participativa. Esta última sólo llegaría a Colombia veinticinco años más tarde, pero a otros Estados latinoamericanos no llegaría nunca. La rebelión de Castro y su revolución socialista condujeron a la estrategia paternalista de la Alianza para el Progreso, y fracasada ésta vinieron las crisis políticas aquí y allá resueltas por el arbitraje o la arbitrariedad de los militares. La década del 60 es abiertamente caracterizada por el golpismo, y el mapa de América se viste de verde oliva y calza botas. Pero este golpismo -cosa curiosa- no era caudillista. No había líderes carismáticos, sino que se trataba de planificación de camarillas, de grupos castrenses coligados con sectores oligárquicos y en ocasionales alianzas con los partidos políticos. Así se vió en Brasil, Argentina, Chile, Perú y Uruguay. Documentos posteriores desvelaron la convergencia de todos los golpes con las intereses de los Estados Unidos y de su política exterior, hasta los extremos predicados en la Doctrina de la Seguridad Nacional. A partir de entonces las fuerzas armadas pasaron a ser consideradas como parte esencial de la administración del Estado. En Colombia se habló de un período en el que mandaba el General Camacho Leyva a su presidente Turbay Ayala. El hecho real era que desde decenios antes los oficiales superiores se formaban en las Escuelas de Guerra patrocinadas y dirigidas por el gobierno de Estados Unidos, en varios países -Panamá, Perú, Brasil…-. El objetivo final era la ocupación de los Estados por sus propios ejércitos, y se fué logrando gradualmente en gran parte de Latinoamérica. La estrategia no solo se dirigía a capacitar a los jefes militares para la administración, sino en refinar los procedimientos de la represión totalitaria frente a toda eventual oposición o divergencia política. El paso siguiente ha sido la alianza consolidada de las castas militares con los sectores fundamentales del capital, los grandes comerciantes, los banqueros, los exportadores de materias primas, y las industrias multinacionales interesadas en invadir nuevos mercados. Este último servicio lo dejó listo en Colombia el gobierno de César Gaviria, a costos tan grandes como el sacrificio del sector agrario, y la privatización de las industrias y establecimientos productivos del Estado. La sujeción a las programaciones externas, y al neoimperialismo norteamericano, se observan cotidianamente con los viajes del inverecundo Fiscal General de la Nación -cargo impuesto por Estados Unidos en la reforma de la justicia- a los Estados Unidos en busca de financiación, apoyo e instrucciones.

 

El neoliberalismo, la sombrilla ideológica de la década, pregona como línea de conducta para el Estado la conveniencia de limitarse a las actividades no rentables. Esto supone convertir en rentables y montar sobre el eje del lucro, los servicios que antes se consideraron parte de la obligación pública. Según ésto, el Estado no debe competir con los empresarios privados en sector económico alguno, en tanto pueda ser explorado y explotado por los particulares. El papel que se asigna al Estado -como en la matriz manchesteriana- es ser el guardián del orden social: el Estado Gendarme, ni más ni menos. El custodio de la propiedad privada y de la iniciativa particular, el garante de la lucha de todos contra todos y la supervivencia de los más aptos, económicamente hablando. Las garantías económicas, es una obviedad recordarlo, se protegen mediante las políticas represivas. Por ello es previsible que la duración del neoliberalismo dependerá de la paciencia de las masas. Del tiempo que soporten la ocupación militar del país por el propio ejército, la persecución al sindicalismo, el desaparecimiento de los defensores de los derechos humanos, el señalamiento del pensamiento contestatario en intelectuales y estudiantes, la libertad de la prensa no sobornada por el régimen.

 

El año de 1995, heredero en gran parte de los compromisos externos de la política gavirista en Colombia, costó en represión a cargo de las fuerzas armadas dos mil cuatrocientos millones de dólares. Las fuerzas armadas  perdieron muchos hombres, mataron y capturaron algunos guerrilleros, proporcionalmente muy pocos por ese costo. De modo que tal gasto ni fué negocio para los militares ni fué inversión útil para el país. Los ministros de defensa han reconocido un censo de diez mil guerrilleros, que influye decisivamente en más del cincuenta por ciento de los municipios del país. Tomemos un supuesto de 24.000 guerrilleros para redondear cifras. Si de 2.400.000.000 de dólares, le corresponden a cada guerrillero 100.000 dólares al año, éstos equivalieron durante el que terminó a cien millones de pesos por cabeza: Una modesta casa de cincuenta millones de pesos y un sueldo de un millón de pesos mensuales a lo largo de cuatro años. Si el sentido de la guerra civil fuera solamente económico resultaría útil la aventura de cálculos como éste. Pero, y las Fuerzas Armadas ? De qué van a vivir los generales, así se miren tan precarias la inteligencia y la eficacia de su acción ?

 

En la conciencia popular latinoamericana se cuece una perspectiva con diferente dinámica para los comienzos del milenio. Las fuerzas armadas de América Latina, en general, han perdido credibilidad y disminuye cada vez el respeto hacia su imagen. Han tenido inclusive posibilidades de administrar de la mano con sus mentores imperialistas, y han fallado en todas partes, salvo en Chile. Porque no toda América es Chile. No toda América está dispuesta a pagar el precio que pagó Chile. Al lado de una conciencia civilista y antimilitarista cada vez más extendida, surge un nacionalismo de nuevo corte que intenta objeciones a la internacionalización de la economía, la dependencia política y el creciente endeudamiento externo. En principio, se ve muy difícil el rechazo eficaz de la globalización económico-política del mundo. Pero el paso político al milenio va a forzar a los gobiernos que quieran sobrevivir a nuevas concesiones en favor de las necesidades populares. Colombia es hoy muestra de que la solución militar de la lucha antiguerrillera nunca será exitosa. Mientras no se combata el desempleo creciente y se democratice la distribución de ingresos, la escandalosa brecha mayor todos los días entre los bien pagados por la economía y los menesterosos de la zona laboral, dará fundamento ideológico a las guerrillas. Los administradores dejarán de creer sus propias mentiras sobre la desideologización de las guerrillas con el hecho tozudo de que contidianamente crecen los frentes y muestran su vigor táctico las operaciones guerrilleras.

 

Es curioso que en las discusiones de la Reforma Tributaria en el congreso colombiano, el énfasis de la extorsión a cargo del Ministro de Hacienda se ponía en que de no aprobarse todos los recortes financieros afectarían la inversión social. Tanto como decir que los impuestos se reducen para los de arriba, y los gastos sociales sufren las adversidades de la gestión. Dentro del compromiso de la inserción en la economía internacional, ya se han empezado a observar las muestras del futuro que viene: infraconsumo, desempleo disfrazado en las llamadas microempresa y famiempresa, subempleo profesional y técnico, pérdida de poder adquisitivo de los salarios reales, reducción del gasto social, disminución de cobertura en los servicios públicos privatizados.

 

La tesis de Galbraith, expuesta hace más de treinta años, en la que se asignaba al Estado el papel liberal de árbitro entre los sectores del capital y el trabajo, ha sido desmontada por la dolorosa experiencia: El Estado no puede ser árbitro entre el capital y el trabajo, porque sencillamente no es neutral en tanto es hijo y aliado del capital. La interpretación marxista ha mostrado su sólida construcción teórica, y ha sido confirmada por la historia. Más que siempre antes, el Estado del neoliberalismo es un instrumento de dominación con evidente carácter clasista. Y ésto resucita toda la panoplia de las argumentaciones de Marx sobre su proceso y destino. El Estado contemporáneo no restablecerá el equilibrio: por el contrario, creará las condiciones para la generación y acumulación de ganancias. La distancia entre economía y Estado, o si se quiere entre gerentes y administradores políticos, tenderá a desaparecer hasta lograr la identificación e hipóstasis de unos en otros. Volverán los tiempos en que los Adolfos Díaz, los McNamaras, los Pastranas y los Lleras pasaban de las gerencias de las grandes concesionarias  a los altos cargos de las repúblicas, y viceversa. La crisis fiscal del Estado salta cuando se descubre que la misión del Estado de bienestar es el bienestar del proceso capitalista. Y este espectro no involucra solo a los Estados potencias. Ahora está también incrustado en la estructura de las repúblicas latinoamericanas, y corresponde a un momento ineludible de su desarrollo.

 

Como resultado del endeudamiento externo, los Estados latinoamericanos están en un momento histórico unívoco y distinto. Sin duda ninguna, la deuda los ha convertido en dependientes y ha comprometido gravemente su soberanía. Es superfluo discutir si la deuda externa se puede pagar, o si se tiene qué pagar. El hecho es que ella es un instrumento de ataque a la soberanía de estos Estados, y tendrán qué hacer concesiones de soberanía en una de dos formas: cesiones con contenido patrimonial, como permitir la instalación de bases militares, cejar en sus pretensiones de delimitación de áreas de influencia, entregar sus recursos naturales; o cesiones de carácter ideológico, tales como entrar en alianzas comerciales impuestas, o en compromisos militares y policivos manipulados desde fuera, o entrar a conformar frentes específicos en conferencias y entidades internacionales. En uno u otro caso, el compromiso de la soberanía es de relieve, y es inevitable. Cualesquiera sean los caminos que se exploren, los Estados de Latinoamérica solamente son autónomos en pequeños sectores en los que el poder no está atraído a órbitas internacionales y supraestatales de hecho. En los sectores fundamentales -Economía y Poder Militar- los Estados latinoamericanos son heterónomos y están inscritos en planes continentales que no son trazados con su participación sino que les son impuestos y controlados desde fuera, en muchos casos sin especiales presiones pues los intereses extranjeros cuentan en el interior de los Estados con una quinta columna de burguesías de variada laya, para las cuales -con mucho sentido práctico- el patriotismo significa poco frente al interés del lucro

 

 

LA   COLONIA Y SUS INSTITUCIONES

 

 

España, ocupada a lo largo de los siglos por numerosos pueblos, constituyó un verdadero crisol de razas, y a través de un reiterado mestizaje fué generando un pueblo de características propias. En el siglo VIII se produjo una inmigración beligerante, una verdadera invasión de los pueblos del norte de Africa, que poco a poco fué ascendiendo hacia la gran llanura europea, y se estacionó ocupando buena parte de la península ibérica. Esta ocupación de los moros trajo consecuencias de interés, como las que se inscriben en el contexto cultural: aporte lingüístico que enriquece el idioma español, nuevos métodos en el cultivo de la tierra, desarrollo de las ciencias matemáticas y de la astronomía, incremento del comercio interno y externo, y monumentos arquitectónicos que hoy todavía quedan como hitos formidables del influjo árabe.

 

Desde el punto de vista político, la reacción natural de los peninsulares fué organizarse a través de varias generaciones para la Reconquista de su propia patria y la expulsión de los invasores. Diversos reyes y señores feudales fueron uniendo sus fuerzas para alcanzar tal objetivo, y a lo largo de los ocho siglos siguientes los árabes fueron siendo forzados a reducir sus dominios, y a fines del siglo XV pierden su última posesión, la ciudad de Granada, donde es derrotado Boabdil.

 

Esta victoria es lograda por los reyes Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Al contraer matrimonio habían unido sus reinos y en torno a ellos se había realizado la unificación de España. Las hazañas de sus ejércitos en favor de la religión católica y en contra de los llamados infieles movieron al Papa a darles el título de Reyes Católicos, con el que los conocemos en la historia.

 

Este episodio de la expulsión de los moros, cumplido en 1492, es la condición que les permite desarrollar una política de reconstrucción del Estado, de organización de los recursos económicos maltrechos por la larga guerra, y agilizar las relaciones exteriores políticas y comerciales. En este momento histórico aparece Cristóbal Colón con sus proyectos de exploración de nuevas rutas, y después de las naturales dudas y discusiones de los sabios en torno a sus ideas, recibe el apoyo de los monarcas para la expedición que conducirá al descubrimiento de América.

 

El descubrimiento de América es mirado por los analistas económicos como causa y consecuencia del capitalismo subsiguiente. Es causa del capitalismo en la medida en que propicia la acumulación primaria de capitales que es condición de existencia de la utilización del dinero como capital. En efecto, la conquista de los territorios descubiertos es una verdadera expoliación en la cual saquean las riquezas naturales y sociales de los pueblos vencidos. El oro toma rumbo a España prácticamente sin contraprestación económica, lo que es tanto como afirmar que se acumulan riquezas arrebatadas a los aborígenes prácticamente sin inversión, o con la mínima inversión: el costo de ir por ellas. El capital así acumulado en la España conquistadora no se destina a la producción de bienes sino a la circulación de los bienes existentes en toda Europa. Los españoles no usan la riqueza traída -sustraída- de América para su desarrollo industrial, sino que la aplican al comercio de especies suntuarias. Por esta razón el oro de América pasa por las manos españolas a las arcas de los países comerciantes de Europa, los cuales son, en últimas, quienes realmente aprovechan tal bonanza económica dando salida cara a sus mercancías y productos. La peor consecuencia de la llegada del oro americano a la península fué el incremento desmesurado del dinero en circulación, es decir, se produjo un inflación incontrolable que arruinó a muchos.

 

Pero también, dicen, es el descubrimiento consecuencia del capitalismo, porque éste había propiciado los viajes y estimulado la búsqueda de nuevas rutas, la apertura de nuevos mercados. Y el descubrimiento de las tierras americanas no fué tanto para bautizar infieles y conducir sus almas al cielo, sino para convertirlos en usuarios y consumidores de la producción mercantil de los capitalistas europeos.

 

 

Bajo la dinastía de la Casa de Austria, que sigue a los Reyes Católicos, tiene su auge el imperio español, y llegará hasta el siglo XVII aproximadamente. Al finalizar este siglo habrá sido reemplazada por Francia en la dirección de la política y del comercio europeos. El descenso económico de España ya venía gestándose desde la expulsión de los moros, con lo cual se empobreció la mano de obra destinada a la agricultura, y decayó el comercio, una y otro alimentados por los expulsados. Luégo la decadencia fué corroborada por la mala utilización del oro americano, la falta de industrias, el costo de las guerras, el cambio de sus recursos naturales por productos extranjeros elaborados, y el contrabando que por entonces era conducta muy extendida. Esta coyuntura es aprovechada por las otras naciones, en especial por Holanda, Francia e Inglaterra.

 

La mencionada dinastía de los Austrias asume la organización de los territorios descubiertos y conquistados, tanto en lo político como en lo económico. Y para ello trasplantan o crean sus fórmulas de administración, caracterizadas por la mezcla político-religiosa, el apego a las formas legales y a las oficinas y despachos, y el ejercicio del poder con ribetes de arbitrariedad. Estas estructuras rígidas solo vendrán a aflojarse un poco con la llegada de los Borbones, dinastía de orígen francés que empieza en España con Felipe V, y viene prácticamente hasta nuestros días, cuando reina Juan Carlos I de Borbón y Borbón.

 

La influencia francesa en España introduce el espíritu liberal de la Enciclopedia, lo mismo que nuevos intereses estéticos e intelectuales. Los Borbones se caracterizaron, al decir de los historiadores, por su apertura hacia las labores del arte y la inteligencia, las innovaciones y, en ocasiones, la tolerancia al populismo. Sus monarquías han sido denominadas despotismo ilustrado por tal comportamiento. Y su actitud en favor del progreso se hace manifiesta con la difusión de libros y el establecimiento de bibliotecas, el estímulo a los artistas y el favor a las tertulias y al teatro, la autorización de imprentas y de periódicos, y la protección y admiración a los filósofos y escritores. En América debe mencionarse la fundación de la Expedición Botánica, que fué semillero de científicos y de patriotas.

 

 

EL PROCESO POLITICO DE LA COLONIA

 

En el momento en que se realiza el descubrimiento y conquista de América, la institución de la monarquía tiene características muy definidas. Con el respaldo de las creencias religiosas y el apoyo de la Iglesia Católica, el rey es considerado como señalado por Dios para regir los destinos de los pueblos. Su poder no tiene ningún control, y en su persona se integran las que hoy consideramos ramas separadas del poder público. El poder del rey lo convierte en legislador, y también es el máximo dispensador de la justica. Como administrador, rige sobre súbditos que habitan territorios que prácticamente se confunden con las propiedades personales del rey. Y cuando se realizan viajes de colonización, los territorios se incorporan al patrimonio del monarca más que al cuerpo del Estado. Esto explica que las tierras que el rey otorga a los conquistadores y colonizadores sean realengas, es decir, más del rey que del Estado, y las transfiere como mercedes reales, ésto es, como regalos del rey. El derecho internacional ya consideraba en la época que los territorios pueden ser: o parte del cuerpo del Estado, y son inenajenables; o propiedad del Estado o del monarca, caso en el cual pueden enajenarse. Era muy frecuente que las nuevas tierras ingresaran a propiedad personal del monarca; y ello explica que el rey de Francia pudiera vender la Lousiana a los Estados Unidos, o que esta misma nación pudiera más tarde negociar con el zar de Rusia las tierras de Alaska…El concepto predominante es el de bienes de la corona, más que bienes del Estado. No se han separado los conceptos como en el derecho moderno en el cual unos son los bienes del Estado y otros más claramente determinados los propios de los monarcas o de los mandatarios que gobiernan.

 

La administración del Estado español y de sus relaciones internacionales la hacían los monarcas, y el trono era hereditario, en el orden de nacimiento de los príncipes. Esta forma de sucesión en la administración del Estado tuvo varios paréntesis en los cuales el gobierno estuvo en otras manos. Recordemos el largo período en que los españoles eligen la forma republicana de gobierno, y la dictadura del Caudillo Francisco Franco, que sustituye la República y regresa luégo el poder al rey Juan Carlos.

 

Desde el punto de vista filosófico las monarquías históricas europeas se sustentaron en la difundida creencia del origen divino del poder, enseñado y sostenido por los católicos desde tiempos del Papa Gelasio II que se recuerda por la teoría de las dos espadas. Se trata de una fórmula de sentido teocrático, en la cual hay una vinculación sustancial entre la política y la religión, entre el Estado y la Iglesia, con notorio predominio del poder eclesiástico en el usufructo de privilegios políticos.

 

Un concepto muy de la época, y que conviene tener claro es el de soberanía. En principio se llamaba a los monarcas soberanos para significar que sobre ellos no había ninguna autoridad. Ante nadie en la tierra, solamente ante Dios en el cielo, respondían por su conducta. Posteriormente los filósofos de la democracia liberal enseñaron que la soberanía no es un atributo de los reyes, sino de los pueblos. Es la teoría de la soberanía popular, a partir de la cual se desarrolla el Estado sujeto a normas de derecho, es decir, el Estado de Derecho que caracteriza las democracias surgidas a partir del siglo XVIII bajo la influencia de las revoluciones estadounidense -1776- y francesa -1789-. En los tiempos modernos, el concepto de soberanía ha perdido ese contenido según el cual los reyes primero, y los Estados después, eran soberanos en cuanto no existía sobre ellos ningún poder, ninguna jurisdicción, ante la cual debieran responsabilizarse de sus actuaciones. En las relaciones de nuestros días se habla de la soberanía limitada o restringida, y se hace énfasis en la interdependencia de los Estados. Además, por razón del desarrollo del derecho internacional surgido de los Tratados públicos, han nacido jurisdicciones y autoridades que se imponen a los Estados. Lo observamos frecuentemente en la prensa cuando discute sobre la aplicabilidad de los tratados internacionales en colisión con las leyes nacionales, y se acaba aceptando la doctrina ya tradicional de que los tratados internacionales están por encima de la Constitución de los Estados, es decir, son supraconstitucionales. Este criterio supone un desplazamiento severo del significado histórico de la soberanía.

 

De otro lado, la influencia de la religión católica en la vida de los españoles y, por consecuencia, en el descubrimiento y colonización de América tiene unos componentes muy precisos. España mantuvo su unidad religiosa en momentos en que se desarrollaban controversias religiosas en el resto de Europa. Esa fe, consolidada en el alma popular, fué el sustento ideológico y emotivo de la larga lucha contra los moros, contra los llamados infieles por sus creencias en las enseñanzas de Mahoma y los Califas, sus sucesores. Como se mencionó antes, por la lucha victoriosa contra los árabes del Islam, los reyes Fernando e Isabel fueron considerados paladines de la cristiandad y distinguidos por el Papa Alejandro VI con el título de Reyes Católicos. Posteriormente la guerra religiosa de los españoles fué contra los judíos y contra los protestantes. De modo que el espíritu católico y la adhesión a sus jerarquías está cosido al alma nacional y es eje de toda la proyección histórica de los peninsulares. En las luchas contra la Reforma luterana, España da a la Iglesia dos congregaciones religiosas que cumplirán un papel trascendental: la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, y la Orden de Predicadores, de Santo Domingo de Guzmán. Los jesuítas estuvieron vinculados -desde la reserva de las consejerías y confesionarios- al manejo  político de los Estados. Y los predicadores dominicos o dominicanos fueron tan tenaces en la defensa de la fe y la persecución a los enemigos de la religión que fueron llamados Domini canes, que significa los perros del Señor. Los dominicos españoles se hicieron tristemente célebres en la administración del tenebroso Tribunal del Santo Oficio, más conocido como la Inquisición.

 

Es preciso tener presentes estos retazos históricos para comprender el trasplante de actitudes, de costumbres, de instituciones, tal como se realiza desde los comienzos de la Colonia. La Iglesia está presente en mil formas en todo el proceso, y la evangelización o predicación de las creencias religiosas es un instrumento fundamental dentro de la Conquista y la Colonización. A América veremos trasladados en su momento, el Tribunal de la Inquisición, y los privilegios e intercambios de favores entre la Iglesia y el Estado, se instalará el monopolio de la educación en favor de la Iglesia, y el Estado se encargará de promover el proselitismo religioso. En contraprestación, como veremos, la Iglesia adoptará el régimen de Patronato, compartiendo con el poder laico la administración de los recursos económicos y de las prebendas políticas.

 

La estructura social es de carácter clasista, con estratos privilegiados como los españoles de sangre, los nobles y encomenderos, los miembros del clero, y otros en escala descendente como los terratenientes y burgueses o comerciantes ricos, hasta llegar a los criollos pobres, y a los indígenas y negros explotados hasta la extinción con instituciones como la mita y la esclavitud.

 

Como ocurre con todas las monarquías en su fase de auge, el Rey concentra en su persona todas las manifestaciones del poder público. Aunque se rodea de Consejos, de asesores y de favoritos, el monarca es el único legislador; su voluntad omnímoda decide todos los asuntos del Estado, es decir, es el ejecutivo de sus propias leyes o personero de la administración; y en él tiene vértice la pirámide de la justicia: los jueces aplican la justicia del rey, y de todos sus fallos existe como última apelación la voluntad del monarca. Este monopolio de la autoridad política completa sobre los pueblos es lo que irá tomando forma hasta definirse como la monarquía absoluta, cuyos desaciertos conducirán a frecuentes levantamientos de los pueblos, y por último a la aparición del Estado de Derecho.

 

Pero también caracteriza la estructura política de España una alta dosis de autonomía de las regiones y especialmente de los grandes municipios, que fué tradición tolerada por los reyes, y dió origen a una abundante legislación, a los derechos o fueros particulares, y a otros privilegios que no se observan en el resto de Europa.

 

En cuanto a la organización misma de la administración jurídico-política, es preciso recordar la naturaleza y atribuciones de las instituciones principales:

 

EL CONSEJO DE INDIAS, en cuanto representante de la persona del Rey, tenía las atribuciones de legislar, gobernar, y administrar la justicia. Con igual naturaleza que éste se habían constituído otros anteriormente para el buen gobierno de las provincias y reinos que los monarcas concentraban bajo sus manos. En la época de los Austria, por ejemplo, se administraban a través de Consejos los reinos de Aragón y Castilla, o los Países Bajos, Italia, Portugal. El CONSEJO DE INDIAS tenía competencia sobre las llamadas Indias Occidentales a partir de 1524, especializando una administración que antes realizaba el Consejo de Castilla desde el descubrimiento. Lo componían cinco consejeros y numerosos auxiliares. Y de él dependía toda la burocracia de las nuevas colonias, no solamente en lo que toca a la administración sino también a la legislación y a la justicia tanto civil como penal. Incluía la planeación de las expediciones militares o eclesiásticas -misioneras- de consolidación de la conquista, y los problemas entre peninsulares o entre éstos y los indígenas.

 

LA CASA DE CONTRATACION se estableció en 1503 en el puerto de Sevilla, como apéndice o dependencia del CONSEJO DE INDIAS. La CASA DE CONTRATACION estaba encargada de la regulación y control del comercio y del transporte marítimo. Adicionalmente, en forma oficiosa, cumplió un papel interesante como apoyo a la ciencia de la navegación, porque su razón de ser como promotora de las rutas comerciales, la convirtió en mecenas de cartógrafos y astrónomos.

 

EL TRIBUNAL DEL SANTO OFICIO, conocido simplemente como LA INQUISICION, detentaba gran poder eclesiástico y político, como guardián de la fe y de los vínculos con el Pontífice de Roma. Al ampliarse el poder de España en el período de la conquista, el tribunal fué llevado a ejercer su control político-religioso en las colonias, y mediante sus instrumentos procesales se combatió la herejía, la blasfemia, la hechicería, las supersticiones, y delitos similares, para escarmiento de los pueblos donde se estableció : Lima y México en 1570, y Cartagena en 1610. Aunque no siempre se respetó la exclusión de los aborígenes, su jurisdicción estaba prevista solamente sobre los españoles y sus descendientes criollos.

 

LAS REALES AUDIENCIAS estaban compuestas por un Presidente, varios Oidores y un Fiscal. Inicialmente su misión era exclusivamente judicial, pero más tarde la Corona les adicionó funciones administrativas. Hubo Reales Audiencias en las principales ciudades de la América española, entre ellas Santa Fe de Bogotá. Teóricamente dependían de los Virreyes y Capitanes Generales, quienes las presidían. Pero no pocas veces se convirtieron en tribunales en su contra.

 

LOS VIRREYES. El Virrey era llamado originalmente Vice-Rey, lo que nos da idea de que representaban en sus sedes a la persona del Rey, por el cual eran designados y del cual dependían directamente. Podían ser vitalicios o nombrados para un período definido. Su responsabilidad era examinada por las Audiencias, o por Visitadores con este encargo específico, al terminar su administración en los llamados Juicios de Residencia. Su poder fué disminuyendo en la medida en que eran sometidos a estrictas reglamentaciones originadas en el rey mismo o en sus Consejos asesores. Desde el siglo XVI se crearon los virreinatos de México -con el nombre de Nueva España-, y del Perú. Y en el siglo XVIII los Virreinatos del Río de la Plata, y de la Nueva Granada, y se incorporaron a éste último los territorios de Panamá y Quito, en los cuales gobernaban Audiencias anteriormente autónomas.

 

OTRAS AUTORIDADES eran los Gobernadores, los Presidentes, y los Capitanes Generales, que ejercían autoridad delegada de los Virreyes.

 

 

EL MUNICIPIO COMO ENTE POLITICO-ADMINISTRATIVO

 

El municipio es la célula política del Estado, y por su naturaleza es el fundamento geográfico y operativo de la administración. En España el municipio de anterior orígen romano fué tan importante que era sujeto de especiales privilegios, oponibles en ocasiones a los mismos reyes y gobernadores provinciales. El municipio español ha traído a la América una estructura y una tradición especialísimas por su trascendencia y desarrollo ulterior. Todavía en nuestros días el fenómeno sociopolítico de más interés es la recuperación del municipio y la planeación del desarrollo a partir de él. Hay partidos políticos internacionales, como la Democracia Cristiana europea, que han hecho de la promoción del municipio el eje de sus proyecciones políticas.

 

Las autoridades del municipio español ha sido el ejemplo, en muchos casos, de los órganos y entidades de la administración local en el Derecho Público americano. El municipio español contaba con la reunión o ayuntamiento de personas que discutían y defendían los intereses de la comunidad, y dictaban disposiciones y providencias con tal objeto. Usualmente formaban parte de él los Regidores, Alcaldes, el Escribano -que cumplía funciones de Notario y daba fe de cuanto ocurría en su presencia-, los Alféreces, y el Alguacil. De este cuerpo, antecedente histórico de los Concejos Municipales, dependía la creación y provisión de cargos como los Mayordomos, Verdugos, Obreros del Municipio -con nombre árabe de alarifes-, Estafetas o Correos, Carceleros, Custodios o Tenedores de los Bienes Municipales, etc. Los Regidores -lo más aproximado a nuestros concejales eran en número tal que dependía -como hoy- de la importancia de las poblaciones y a veces llegaba a veinticuatro. Entre las atribuciones del cuerpo así conformado estaba el cuidado espiritual y temporal de los ciudadanos, lo que incluía la reglamentación de las boticas, la notificación de providencias mediante el pregón, la defensa económica de las comunas, la licencia de ejercicio a los médicos, comerciantes y otros oficios principales, el control de los mercados y provisiones, la custodia de la salubridad general, el reconocimiento de los designados para todos los cargos en la ciudad tanto políticos como militares y eclesiásticos, incluídos los obispos, y naturalmente la planeación urbanística y la policía.

 

No eran de elección democrática como los de hoy, y a veces los reemplazos eran escogidos por los regidores salientes, aunque casos se vieron en que la plaza de regidor era hereditaria y aún venal, es decir, entregada a la compra por altos precios. Pero los Regidores eran los intermediarios clásicos entre la ciudadanía y las autoridades superiores, y disfrutaban de general acatamiento y respeto.

 

Los ALCALDES, por su parte, presidían los Cabildos pero carecían de voto, y sus funciones estaban más ligadas a la administración de justicia en los casos civiles y criminales, con el auxilio de los letrados o peritos en la ley. La institución de los Alcaldes suponía la designación de dos en cada lugar de mérito, uno de la Nobleza, y otro del pueblo llano.

 

El ALFEREZ REAL era el jefe de los Regidores -primero entre sus iguales-,pero en la decadencia perdió sus atribuciones y acabó siendo un título de honor entregado a la subasta.

 

El ALGUACIL MAYOR cumplía funciones de Fiscal, y era quien ejecutaba las providencias y mandamientos de los Gobernadores, Alcaldes, y de demás justicias.

 

El PROCURADOR DEL CABILDO equivale, en nuestras instituciones, al PERSONERO del Municipio. Y en España defendía los privilegios municipales frente a las intromisiones injustas de las autoridades superiores, incluído el Rey. En algunos momentos de la historia peninsular tomó el nombre de FISCAL DEL COMUN

 

 

ES NECESARIO UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO?

 

Respecto del Estado Social de Derecho es fundamental desvelar su sentido real. Los conceptos, si separados, son suficientemente claros. Estado de Derecho es el Estado que se autolimita. Estado Social es el que se funda en el respeto a la dignidad del hombre, a la dignidad del trabajo y a la obligada solidaridad entre los ciudadanos. El problema surge cuando se intenta hibridar tales antinomias. Algunos tratadistas defienden la nueva concepción y plantean el criterio de que el Estado Social de Derecho es simplemente la conversión del Estado Social con sus compromisos populares en una fórmula insertada en la Constitución para relievar su legalidad, su legitimidad, su necesidad.

 

Sin embargo parecen de más peso las razones que se aducen para distinguirlos y separarlos. Porque ellas han sido pronunciadas y promovidas por esclarecidos estudiosos del Estado que, primero hicieron armas en la defensa del Estado de Derecho, y posteriormente, horrorizados por los excesos del Estado Nazi, recogieron banderas y se declararon enemigos de tal concepción y de su aplicación histórica. El Estado de Derecho, el estado que se autolimita mediante la Constitución y la Ley, surge de la Revolución Francesa, revolución burguesa liberal en la que la clase empresarial y terrateniente arrastra al pueblo con el señuelo de la igualdad hacia la defensa de los derechos humanos útiles a la clase dominante. Hasta el pensamiento de Locke los ayudará al predicar que el derecho a la propiedad es un derecho natural, audacia que no a todos se  había ocurrido.

 

Pero este estado, que por lo mismo llamarán Estado Demoliberal, trae un avance ciertamente revolucionario en cuanto cancela el Estado Absolutista y borra con la guillotina el viejo concepto de clases sociales fundado en la sangre. El nuevo concepto de clases tendrá relación directa con su posición frente a los medios de producción. Este Estado de Derecho vivirá una evolución muy dinámica a partir del momento en que se le empieza a pedir que satisfaga las necesidades de las gentes de los ciudadanos y sus familias…

 

 

 

 

 

 

 

EL ESTADO EN AMERICA LATINA:

DUDAS Y PERSPECTIVAS

 

De dónde viene el Estado ?

 

La organización jurídico-política que denominamos Estado tiene una historia que algunos llevan hasta el momento en que se distinguen los gobernantes de los gobernados, y otros hasta cuando se da la integración de los que se presumen ser los tres elementos esenciales del mismo, a saber, población, territorio y gobierno. De ésta u otra manera, la naturaleza del Estado ha sido bien desentrañada por los estudios de Hegel y Marx, desde los ángulos idealista y materialista, a partir de los cuales surgen todas las escuelas de interpretación y las especulaciones de los politólogos.

 

Hegel asume en su lógica dinámica que la suma idea se identifica con Dios, y que el Estado es la máxima realización posible de la Idea entre los hombres. Tanto como decir que el Estado es Dios en la tierra. Las inferencias sobrevinients conducirán a extremos tales como la identificación de la voz del Estado -ley- con el derecho y la justicia: el derecho tiene fuente en la ley, y la ley realiza el derecho, por lo que toda ley es justa por naturaleza.

 

Por su lado, Carlos Marx plantea el origen del Estado como una consecuencia forzosa de la estratificación clasista subsiguiente al surgimiento de la propiedad privada de los medios de producción, que es resultado de la expropiación realizada por el guerrero sobre los excedentes de producción de su tribu o clan en los comienzos del trueque. El Estado es convertido en instrumento de la clase dominante, y usado en defensa de sus intereses. Para ello crea todos los mecanismos de carácter superestructural y clasista -derecho, tribunales, cárceles..- a través de los cuales se hacen explícitos tales intereses.

 

La lucha de clases, como motor de la historia, ha generado el tránsito por los diversos modos de producción: del Colectivismo primitivo al Esclavismo; de éste al sistema feudal, en cuyo seno se formará la sociedad capitalista que se prolonga hasta nuestro tiempo, una vez que el dinero ha ganado su forma capital, es decir, cuando cumple su papel de dinero destinado a producir dinero. Que es lo que caracteriza el modo de producción capitalista.

 

 

Guillotinada la nobleza parásita a fines del siglo XVIII, la clase burguesa toma el timón político, se apodera del Estado, y lo interpreta a su imágen y semejanza, con las metáforas más accesibles a la clase comerciante: el contrato social, los precios y salarios, la economía mercantil convertida en categoría política.

 

El episodio siguiente nos lleva a la idea del estado nacional. El realismo político tiene antecedentes en el imperio romano y en las disquisiciones de Polibio. Pero es Maquiavelo, quien anuncia el Renacimiento político con los prospectos del Estado Nacional. Será éste el aparato jurídico-político que corresponda a una nacionalidad, mirada ésta en su connotación sociohistórica, como comunidad de tradiciones, de lengua, de religión, de problemas, de recursos y de esperanzas. Más tarde, recuperado este criterio por Napoleón, se convierte en la oferta política con la que atrae a los pueblos para construír la gloria expansionista de Francia.

 

Cuando Napoleón cambia la toga de Cónsul por la corona de Emperador, su oferta de erigir un Estado para cada nacionalidad tiene especial atractivo porque Europa estaba regida por dos o tres dinastías bajo cuyo cetro yacían subyugadas docenas de naciones o nacionalidades. A partir de Bonaparte, la inquietud por los Estados Nacionales va a difundirse por el mundo. Y bien podría considerarse que estos últimos doscientos años no son -en el proceso político de descolonización e independencia y de autodeterminación de los pueblos- cosa distinta a la continuación fáctica de tal pensamiento en diversos episodios que incluyen desde las luchas de Bolívar, O’Higgins, y San Martín hasta los esfuerzos de Ho Chi Min y Mandela en nuestro tiempo: la lucha por la conformación de Estados Nacionales.

 

Un ingrediente nuevo en la fabricación de ese móvil coctel que es la idea de ESTADO, lo aporta la Revolución Rusa. Las rebeliones anteriores contra los poderes constituídos y contra las estructuras económico-políticas, fueron revoluciones burguesas. Tanto la Norteamericana de 1776 como la Francesa de 1789. Eran revoluciones de propietarios y con proyecciones de beneficio para las clases económicas dominantes. Pero con la inyección ideológica aportada por el marxismo, Lenin y Trotzky llevan a efecto la revolución socialista de 1917, con la cual entra en la historia la primera república de los trabajadores. Se instaura la dictadura del proletariado sobre la burguesía, reemplazando la dictadura de la burguesía sobre el proletariado, que era en la práctica el esquema del Estado liberal capitalista en uso a lo largo y ancho de todo el Occidente.

 

El Estado tiene ahora dos opciones de proyección: Estado Liberal, surgido de la Revolución burguesa de 1789. Y Estado Colectivista, con ejemplo en la revolución rusa y sus desarrollos. Bien podríamos decir que los Estados y regímenes posteriores copian y reproducen estos dos esquemas fundamentales, que a su vez conducirán a la bipolaridad o conformación de bloques en la postguerra del 45.

 

Con la revolución burguesa de 1789 y con la norteamericana que le antecedió, se da comienzo también a la obra maestra de los filósofos-comerciantes procuradores de la gran burguesía: el contrato social llevado a cuaderno escrito, es decir, la Constitución y el Constitucionalismo. La mejor forma de mantener organizados los pueblos es consagrar por escrito las reglas de juego. Este Estado y los que le siguen, enlistan en largos catálogos las libertades formales del hombre y del ciudadano, protegidas por un Estado gendarme, cuyo papel es propiciar el desarrollo del individualismo y la aplicación de las iniciativas personales en una guerra de todos contra todos: la struggle for life darwiniana, la ley de la selva del capitalismo clásico, que tiene por dogma el liberalismo económico.

 

 

El Estado en Latinoamérica.

 

Los Estados que surgen en América Latina son hijos de este proceso, y vienen a la vida con todas sus virtudes y defectos. Empiezan a copiar los modelos de su preferencia, tomando unos la fórmula de Unitarios y los otros de Federaciones; promoviendo de un lado la cooperación y el internacionalismo, y buscando otros la autarquía y el aislacionismo. A partir de allí, en fin, empiezan una evolución peculiar, no siempre comparable a los modelos a partir de los cuales montaron su institucionalidad.

 

En América Latina difieren las ideas políticas, las corrientes ideológicas, las tradiciones intelectuales. El estado hegeliano comparece, hipostasiado en el behaviourismo estadounidense. Serán visibles los aportes liberales y marxistas en casi todos los Estados, más o menos identificables en períodos de incidencia.

 

Con el decurso de la historia se encontrarán también entes supraestatales de facto y de jure, que participarán -parcialmente, se entiende- de atribuciones estatales o paraestatales, y tendrán serio influjo en la evolución política de los Estados y de sus acciones internas y externas.

 

El constitucionalismo fué frenético en Latinoamérica. Se hicieron constituciones de papel y se creyó en ellas. Pero posteriormente se descubrió que todas ellas eran subsidiarias de una interdependencia originada en la satelización económica que paga tributo a una potencia: Estados Unidos de América.

 

Otro fenómeno crucial es la coexistencia conflictiva de culturas y etnias en los Estados, que repite los problemas de las minorías nacionales observados en el continente europeo. Sinembargo, vale considerar que las soluciones en uno y otro lado han sido no sólo diferentes, sino aún más, divergentes. Mientras en Europa la minorías étnicas han sido protegidas mediante estatutos especiales que llegan en ocasiones hasta consagrar la autonomía, en América las minorías han carecido de protección especial y han sido forzadas a la integración con las mayorías nacionales.

 

De la evolución histórica de los Estados latinoamericanos hay tantas clasificaciones como clasificadores. Una entre ellas permitiría distinguir varias etapas:

 

— Estados nacionales emergentes de la emancipación.

— Estados oligárquicos a fines del siglo 19.

— Estados populistas tras la crisis de 1930.

— Estados desarrollistas democráticos de postguerra.

— Estados modernizantes de la década del 70.

— Estados contemporáneos, que buscan retornar a una democracia de nuevas bases.

 

La dinámica propia del siglo XVIII provocó la crisis del Estado colonial. Ya por entonces se observó que el concepto de nación se da en diferente forma para los estados de inmigrantes y para los estados con mayorías indígenas. En éstos es menos traumática la elaboración del concepto de nación. Tal puede observarse, sea el caso, en Bolivia y Méjico.

 

El estado oligárquico, que surge en la segunda mitad del siglo XIX es consecuencia de un ejército mas profesional; los chafarotes de la guerra de independencia han sido sustituídos por soldados de escuela, y se intercambia la academia para compartir y homologar la actitud impositiva de las clases dominantes sobre las clases trabajadoras, campesinas e indígenas que empiezan a vincularse a un industrialismo inmaduro. Tiene como prospecto la conformación de un mercado definido, y en él empieza el ingreso del capital extranjero. Las altas clases monopolizan y restringen el ingreso al Estado. Los militares, en alianza con los intereses de las principales familias, dominan el Estado. Sirve de ejemplo la historia de Centroamérica.

 

El estado oligárquico entra en crisis con el crack de 1930, que afecta a los países dependientes de las potencias. En Colombia y Venezuela se dividen las castas políticas y asumen la forma de partidos que entran en largas guerras hasta 1950. A partir de entonces buscan coaliciones para compartir el Estado botín.

 

Para superar la crisis, el Estado liberal hace concesiones. Hay renovación de las burguesías urbana y rural. Se intenta la industrialización. Han surgido conglomerados que reclaman derechos y protección estatal. Empieza a florecer una cierta conciencia de clase en los sectores trabajadores, y asoma también la conciencia de internacionalismo en los sectores empresariales que miran homogéneos sus intereses con los de los inversionistas extranjeros: Se descubre que el capital no tiene patria. (O como dijera el romano cínico: El dinero no tiene olor!)

 

Pero la restauración de las oligarquías y de las alianzas con los militares, tiene esta vez cara populista. Pudo observarse en Argentina. Y en el Brasil de Getulio Vargas. El Estado ensaya las herramientas del intervencionismo. No se puede dejar librada a la indiferencia de los administradores la lucha del capital y el trabajo, signadas por una desigualdad manifiesta por más que se escuden sus procedimientos en la igualdad de todos ante la ley, postulado remanente de esa vasta mitología de las libertades surgidas de la Revolución Francesa.

 

El dilema entre Estado Intervencionista o Estado Benefactor se resuelve gradualmente en formas parecidas en cada una de las naciones sacudidas por la necesidad de las masas. Se resuelve en un estado populista que sintetiza industrialización y justicia social. Apoyo al incipiente capitalismo nacional y comienzo de la seguridad social rudimentaria, con normas tímidas y baratas, que de todos modos son bien recibidas. En algunos lugares provocan el rechazo de los partidos conservadores y de la Iglesia Católica, que reciben las innovaciones sociales con prevención, pues a su juicio envuelven influencias de tipo socialista.

 

Hay una forzada incorporación de las masas a la participación democrática. Pero estos Estados de masas son reprimidos y desplazados por intervenciones militares.

 

 

Un cierto Estado Desarrollista

 

La C.E.P.A.L. -Comisión Económica para América Latina- fomentó el Estado desarrollista hasta el sesenta. Propugnaba un Estado que intervenía el mercado mediante la planificación, buscando la racionalidad económica y la justicia social. Propiciaba una economía mixta con protección de los intereses nacionales en un difícil equilibrio que no ahuyentara la inversión extranjera. Que en más de una ocasión no venía como exportación hirsuta de capitales sino con las amables libreas de la ayuda al desarrollo, como ocurrió con el Plan de la Alianza para el Progreso.

 

La ideología cepaliana propiciaba políticas redistributivas, y una cierta protección frente a la competencia exterior. Pero su énfasis no fué en la redistribución -populismo- sino en el crecimiento económico -desarrollismo-. Se aplazaba el estado benefactor, en beneficio del desarrollo.

 

Cuando se dió la crisis de la representación y las masas se miraron distantes de sus manipuladores, se apeló a los nacionalismos totalizantes de corte fascista, bajo los cuales hubo redistribución controlada de los ingresos, ampliación del sindicalismo y de otras fórmulas manejables de participación.

 

Tras la segunda guerra mundial, el Estado desarrollista de inspiración keynesiana asumió la idea de que el crecimiento económico era fuente de la democratización de los Estados. No se logró. Llegaron a alterar el ambiente la Revolución Cubana, y la Alianza para el Progreso. En los años siguientes vienen los contramovimientos militares : 1964. Cae el populismo de Goulart en Brasil; en 1966, en Argentina; en 1968, en Perú; en 1973, en Chile y Uruguay; en 1976, en Argentina nuevamente.

 

La doctrina estadounidense de la seguridad nacional, obra como sustento ideológico. Los militares ya no son golpistas en interés de un caudillo, sino de la institución. Colombia conoce la Doctrina Camacho Leyva según la cual las Fuerzas Armadas están llamadas a llenar los vacíos de dirección que los partidos abandonen por ineptitud o debilidad: Sinembargo, ninguna Constitución colombiana ha reconocido o consagrado la vocación política de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, todas reiteran su carácter de estamento no deliberante…

 

La guerra antisubversiva, doctrina de los Estados Unidos, pasa a constituírse en la nueva obsesión. Entendido queda que subversión es toda discrepancia de los criterios de la clase dominante, respaldados y sustentados en su alianza con las fuerzas armadas, instrumento dócil a sus intereses. La politización de los militares tuvo no solo la influencia de Estados Unidos, sino que con antelación inclusive se dió tal formación a los cuadros castrenses en las escuelas superiores de guerra de Brasil y Perú, propiciando un modelo que se dirigía a la militarización del Estado, primero, y el montaje de la represión totalitaria, después.

 

El nacionalismo se muestra cómodo factor integrador. Pero, en ocasiones  ha fortalecido el militarismo, al parecer último refugio de la patria. Además, este proceso militarista ha generado un avance del Estado sobre el espacio privado, tal como lo intuía Hobbes para su Leviathan futuro. Y es en este ámbito donde aparecerá como respuesta necesaria la Doctrina de los Derechos Humanos.

 

 

Estados de hoy para mañana

 

El Estado contemporáneo está forzado a relacionarse no solamente con otros Estados, sino con la comunidad internacional como abstracción. Y tales relaciones son de diferente tipo: Supraordenación, cooperación, interdependencia. Obsérvense al respecto las connotaciones económica o militar, los bloques ideológicos, la transnacionalización de la producción, la internacionalización de la ciencia y de las tecnologías complementarias, etc.

 

La más ostensible manifestación de esta supraordenación  que se impone desde fuera a los Estados es la pérdida de la identidad nacional. Los límites se desdibujan en lo histórico tanto como en lo espacial, y se debilitan los afectos y prejuicios, las expectativas y las esperanzas, las convicciones, en fin, que constituyen Estado por Estado el alma nacional. Los países en los cuales se ha adoptado la apertura económica y la internacionalización de la economía, van tomando una moda estadística -o un modo sociopolítico- que repite un modelo dado, tanto en las estrategias como en los resultados.

 

De ahí que las crisis del Estado latinoamericano sean simultáneas o de desarrollo concomitante, es decir, políticas, económicas, y sociales, en un proceso de causación recíproca. Esta dinámica es característica del Estado moderno tomado como Estado capitalista o como Estado dentro del capitalismo. En esta segunda categoría se incluyen todos aquellos que por haber carecido de oportunidad para la acumulación primaria de capitales, no fueron estados capitalistas, y ya no lo serán nunca.  Son los estados satelizados por las potencias capitalistas. En Latinoamérica, todos, excepto los Estados Unidos. Y su grado de desarrollo equivale al índice de proximidad ideológico-afectiva con el centro del sistema.

 

Tras las revoluciones de corte socialista las bases de dominación que antes eran definidamente burguesas, han sido sacudidas y forzadas a la reestructuración. Algunos Estados en lucha con las tendencias fascistas de sus clases empresariales han transigido por la supervivencia y conformado estructuras afines a un cierto socialismo de Estado. Otras intentan el corporativismo. Y unas más cubren ciclos de intervencionismo y Estado asistencial o benefactor con éxitos y fracasos fluctuantes.

 

Hay casos -Bolivia, por ejemplo- en los que el poder nacional está disgregado. Coexisten focos de poder, relativamente aislados, y con amplia autonomía de hecho. El monopolio del poder estatal no existe en términos estrictos. Y en la mayor parte de los demás, el problema siempre presente pero del que poco se habla en voz alta, es la sujeción de las castas militares a la autoridad civil. Es una subordinación necesaria, pero difícil de consolidar. Conspiran contra ello la indisciplina de los partidos, la estratificación clasista y las alianzas de intereses, la debilidad y heteronomía de las relaciones exteriores, y la deuda histórica de los heroísmos independentistas.

 

El interés por la modernización del Estado exige, a juicio de muchos, una estructura autoritaria, y con ello una democracia dirigida, que es el momento político a que hemos llegado. Su realización estará a cargo de la burguesía comercial, exportadora e importadora; y de la banca, en alianza con el capital extranjero. Hace mosaico completo con el neoliberalismo, la inserción en la economía internacional, el aperturismo amplio: de fronteras, de bolsillos y de corazones. Las doctrinas de la Seguridad Nacional y de la guerra antisubversiva, y desde luégo, la fronterización ideológica.

 

El militarismo o Estado militar se hace de nuevo Estado gendarme. Pero no es un peldaño más de la historia. Es la repetición de un ciclo. El ejército se convierte en ocupante de su propio país. Luégo viene la crisis del desempleo, de la reducción del gasto social, el infraconsumo… Y se retorna a un nacionalismo que reacciona contra el militarismo y la inserción neoliberal en la economía internacional. Para ello la administración busca fortalecerse con la priorización del gobierno sobre las otras ramas del poder público. Se promueven la autonomía y la descentralización de la burocracia, y se convoca el apoyo de las masas a un reformismo que busca en las soluciones intermedias y en las transacciones coyunturales una cierta racionalidad política.

 

Es el momento de los tecnócratas. El Estado, con instrumentos como la planeación, interviene como árbitro entre dos grandes colectivos, el de la producción de bienes y servicios y el del manejo de la mano de obra -sindicalismo-. Una interpretación del momento con los esquemas de Marx, mostraría la inflexible incidencia de las leyes del desarrollo y crisis del capitalismo,  que hacen irreal este arbitraje, en tanto que el Estado es instrumento de clase. Y su papel no es corregir sino perpetuar el fenómeno expresado en la Ley de la pauperización absoluta y relativa del proletariado y el ejército industrial de reserva.

 

Bajo el Estado liberal, cualesquiera sean las formas que asume o con las cuales disfraza sus cometidos, no es posible la satisfacción de las necesidades generales, porque su motor es el lucro y se produce para la capacidad adquisitiva, para el mercado. De la misma manera, es impensable bajo cualquier régimen liberal la solución del desempleo, porque éste es prerrequisito de toda política de salarios y precios en el mercado de la fuerza de trabajo.

 

Esta circunstancia está, además, favorecida en los Estados latinoamericanos por el bajo nivel organizativo de la clase trabajadora en comparación con el sindicalismo fuerte de los estados capitalistas desarrollados. El movimiento sindical en Latinoamérica es esporádico, con reivindicaciones concretas pero puntuales.

 

De otro lado, los partidos políticos tienen una estructura policlasista que facilita la manipulación por los gerentes económicos. Solamente en dos o tres Estados latinoamericanos han podido desarrollarse con cierta fuerza los partidos de la clase trabajadora. En la mayoría de nuestros Estados, la clase trabajadora es debilitada y maneja por medio del bipartidismo que se alterna en el poder, triunfando siempre la oligarquía económica. En Colombia es clara esta secuencia a todo lo largo del siglo presente.

 

Al final de estas reflexiones quedan más preguntas que respuestas. Cumplen, entonces, un papel histórico las guerrillas en Latinoamérica ? Tienen sustento ideológico ? La deuda externa podrá ser pagada ? La deuda externa tendrá qué ser pagada ? Y, como forzosamente hay qué concluír que ciertas respuestas implican cesiones de soberanía, cabe preguntarse si son preferibles en tal caso las concesiones patrimoniales, -la entrega de recursos naturales, la autorización de bases militares, los servicios públicos privatizados, y las obras públicas construídas y explotadas por las multinacionales…- o las cesiones ideológicas, implícitas en los compromisos y alianzas militares, los acuerdos comerciales, o el condicionamiento de la política social interna…

 

Los estados latinoamericanos -al igual que otros de otras latitudes- dentro del modelo capitalista, tenderán a fortalecerse internamente a través de la planeación y el control, inclusive en términos de represión, en tanto que serán en lo exterior cada vez más débiles y dependientes de los bloques estratégicos, de los pactos compulsivos, de los conglomerados económicos transnacionales.

 

Cómo someter la planeación a controles democráticos ?

Serán suficientes los mecanismos de participación ?

Cuál es el papel de los Organismos No Gubernamentales en este control de la burocratización del Estado ?

 

Debe buscarse como respuesta una sociedad democrática en un Estado democrático. Ello implica la sujeción de los institutos al Estado -caso de los estamentos militares-, la eliminación de la corrupción, el fortalecimiento de la justicia, y el incremento de la participación social en las decisiones políticas. Ojalá la realidad del futuro próximo se acerque siquiera un poco a la dimensión de la esperanza.

 

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