ELEMENTOS PARA UNA TEORÍA DEL ESTADO I

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  1. La Evolución del Estado: Del Estado Liberal Clásico al Estado Social de Derecho.

 

¿Es necesario un  Estado Social de Derecho? ¿Colombia, un Estado fallido?

 

 

LA EVOLUCIÓN DEL ESTADO: DEL ESTADO LIBERAL CLÁSICO AL ESTADO SOCIAL DE DERECHO.

 

 

La idea del Estado de Opinión se ha identificado desde Polibio y Maquiavelo con la estrategia política de las monarquías absolutas, primero, y de las dictaduras, después. En él lo que importa es el pensamiento y los proyectos del caudillo, del hombre fuerte. En el lema nacionalsocialista, el pueblo se identificaba con el Estado, y el Estado con el Caudillo. En Colombia se intentó aplicar estos criterios bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y con su anuencia. Los Estados de Opinión, como estructuras políticas, participan de características bien definidas como el caudillismo, el nacionalismo, el militarismo, el mesianismo y el imperialismo.

 

Cuando la gente dejó de creer que a los reyes les transmitía Dios su poder a través del Papa, los comerciantes-filósofos (Rousseau y varios más) empezaron a explicar el Estado comparándolo con lo que más conocían, esto es, con un contrato. Dos partes en el compromiso acabarán definidas como gobernados y gobernantes, comprometidos aquellos a respaldar a éstos mientras se ocuparan con honestidad en promover el bienestar de todos. La mejor forma de que un contrato se respete parte de que se conozca, y para conocerlo nada mejor que hacerlo por escrito: Hé ahí la Constitución. Es el texto del contrato social. Algunos pueblos con viejo desarrollo democrático habían descubierto que no era preciso tenerla escrita y la conservaron en la mente y en el corazón a través de los siglos. Pero en todos fue objeto de respeto porque definía el derrotero de una sociedad, su concepción del derecho y la justicia, la forma de tomar las decisiones que regirían su destino, las atribuciones de los gobernantes, el ejercicio de la autoridad, las relaciones con otros pueblos, y las obligaciones y deberes de los gobernados. Éstos ya jamás serían súbditos, ahora serían ciudadanos, iguales y próximos a quien los gobierna.

 

Las relaciones entre Constitución y Estado están claras si se mira el contenido material del Estado, dado que su forma apenas empieza a delinearse hacia el siglo XIV, después de que Maquiavelo lo bautiza: Stato. Pero los elementos que lo integran, a saber, un pueblo y un gobierno que ocupan y defienden un territorio, tienen entidad desde el momento mismo, concreto pero cronológicamente indeterminado, en que se pasa del estadio de los Nómades a la etapa Sedentaria, con la invención (o descubrimiento?) de la agricultura. El Estado es hijo de la etapa agraria de las civilizaciones. Los pueblos nómades, recolectores, pastores, ganaderos, agrupaban pueblos bajo el dominio y gobierno de sus jefes –guerreros los unos, sacerdotes los otros-, y constreñidos siempre por la presencia de los dioses y los vínculos mágicos con ellos, que constituían la primitiva legislación, siempre teocrática.

 

Estos pueblos iban imaginando y consolidando una Constitución consuetudinaria, que tejía a la voluntad de los gobernantes las tradiciones de la comunidad. Y esta comunidad, amorfa en sus principios, es pulida por las leyes y el encuentro con el derecho hasta tomar la dimensión de sociedad. Esa comunidad que está regida por el derecho es ya una sociedad y tiene una Constitución material que la rige. Así visto el proceso, sociedad y derecho anteceden al Estado. A éste se llegará cuando se conquista la posibilidad de permanecer en un territorio, de apropiárselo, de defenderlo como suyo… Pueblo, gobierno y territorio serán en adelante los criterios precisos para la definición del Estado. Se tendrá ya ese Estado en la civilización cretomicénica, un poco antes del siglo XV antes de Cristo. La historiografía contemporánea permite ir más atrás, y hallar ciudades-estado en civilizaciones más antiguas o protohistóricas como la khmer, la coreana y la egipcia.

 

Y es la ciudad el primer territorio que delimita al Estado. Estado-ciudad que hará un largo tránsito a través del expansionismo de sus reyes conquistadores hacia los compuestos de ciudades dominantes y ciudades tributarias o sojuzgadas, que eran sometidas a dependencia cuando se libraban de la muerte o de la esclavitud. Es historia de los grandes imperios históricos hasta la descomposición de Europa y la formación de los Estados territoriales de nuestro tiempo.

 

La Constitución, definió el Estado y participó de su evolución. El Estado, que es el aparato jurídico-político que asume una sociedad, se inventó para que resolviera las necesidades vitales de ella, es decir, para que se encargara de lo que se llamó “servicios públicos”. Gradualmente, a medida que el viejo liberalismo económico y la clase empresarial convirtieron la Constitución en una herramienta suya para apropiarse del Estado, éste fue devolviendo a la clase empresarial todo lo que alguna vez tuvo tinte de servicio público. Ahora no los presta el Estado, pero sigue cobrando los impuestos que alguna vez se destinaron a ello. En la Constitución real de los países actuales está institucionalizado el doble pago: lo que la sociedad necesita lo paga una vez al Estado y otra vez a la clase empresarial.

 

CONSTITUCIÓN COLOMBIANA

 

Ferdinando de Lassalle, enamorado de ella, encontró bajo sus ropas la verdad de su naturaleza. La Constitución no opera objetivamente por sí misma: lo hace a través de los llamados “factores reales de poder”. Los ciudadanos opinan, pero tienen canales muy definidos en cada Estado: La Iglesia, las Fuerzas Armadas, los grupos de presión económica, el Congreso o rama legislativa, las Cortes o cúpula de la administración de justicia… (Si miramos la situación de Honduras, observaremos que el presidente que se quiso reelegir, al margen de su Constitución, fué depuesto y rechazado por un gran sector del pueblo que se manifestó a través de esos “factores reales de poder”.) En la práctica, en los estados políticamente inexpertos, la Constitución carece de estabilidad. En Colombia, la Constitución ha bailado al ritmo de los partidos políticos, y cada uno ha redactado la suya cuando tiene el viento a su favor. La última Constitución colombiana (la última, por ahora…) ha tenido algunas características que la especifican: Descubrió y bautizó el Estado Social, que ya existía desde la función social de la propiedad en 1936. Incluyó los Derechos Humanos para reemplazar los Derechos del Hombre de 1789, y les señaló un procedimiento de protección –la Tutela-, que también sin que se la nombre ha existido en todo nuestro derecho desde la fundación de la república. Ordenó la integración económica con Latinoamérica y el Caribe, cosa que no tiene por qué estar en una Constitución sino en los planes de algún gobierno. De hecho, los últimos gobiernos se han alejado de ese mandato y escogieron la integración con los Estados Unidos.

 

La Constitución del 91 carece de unidad conceptual, como sí la tenía la del 86. Ésta, la llamada Constitución de Núñez, fue redactada íntegramente por el autodidacta Miguel Antonio Caro y el sacerdote José Telésforo Paúl. En cambio, la del 91 fue forzada a recibir el aporte de más de setenta pares de manos que incluían las de políticos profesionales, representantes de los gremios y de numerosos partidos pequeños, de líderes religiosos y de exguerrilleros de derecha y de izquierda. Incluye en su ensamble numerosas contradicciones que no siempre se han podido limar en el desarrollo legislativo. Una de las más protuberantes es la creación de un híbrido denominado “Estado Social de Derecho”, que trata de hacer compatibles los influjos del liberalismo romántico de la Revolución Francesa, inventor del Estado de Derecho, y el Estado Social originado en las revoluciones socialistas y que se manifestó en la función social de la propiedad y el estado intervencionista. En la prosaica realidad desde el gobierno que la usufructuó inicialmente hasta hoy, todos han estado comprometidos internacionalmente con el neoliberalismo. De modo y manera que el intervencionismo socialista solamente ha tenido aplicaciones excepcionales. Que ya existían con antelación. Ni la administración ni el legislativo han parado mientes en este estado moderno que se intenta patentar. Sólo hay asomos de la modernización peligrosamente revolucionaria de esta Carta en las aplicaciones fácticas de una discutida justicia. En efecto, lo que de moderno se encuentra en ella, la doctrina de los Derechos Humanos ahora positivizada, convertida en derecho a regañadientes, copiada de otras constituciones posteriores a la alemana del 49, tiene dividida horizontalmente la estructura judicial. Desde las tradicionales Altas Cortes hasta los juzgados municipales se aplican los criterios del Estado de Derecho, el derecho formal ad pedem literae, protector de los intereses de la clase empresarial. En una posición insular, sola contra todos, la Corte Constitucional trata de hacer honor a los criterios del Estado Social, iluminados por la principialística y los Derechos Humanos, encerrada entre el respeto hostil del gobierno, los empresarios, y sus colegas de la rama judicial. Hay qué decir, también, que el largo catálogo de derechos humanos se queda en el aire de la irrisión cuando se incorporan como “derechos” los postulados que el mismo legislador decidió excluír de la tutela constitucional, porque no son más que humo: derecho a la paz… derecho al trabajo… derecho a una vivienda digna… y todo eso que apodaron como “derechos de desarrollo progresivo”.

 

Pero esta Constitución tiene otra diferencia importante con las anteriores. Todas ellas abandonaron en la ley el origen del derecho, y por eso la ley tuvo primacía sobre ellas. No faltaron interpretaciones de la Constitución fundadas en principios legales: Lo más interpretado con lo menos… Esta Constitución se ha definido como norma de normas, como ley de leyes, y por ello es imposible dejarla a un lado. Es la primera ley. Es el primero y más alto código procesal. Ya los jueces, que fueron entrenados para hacer uso de fundamentos legales en sus proveídos, están aprendiendo que sus fallos se pueden caer si se olvidan del imperio de la Constitución. La Constitución del 86 desapareció sin que se hubiera leído completa siquiera una vez. Ahora se ha complementado la redacción de la Constitución con un prolijo y extendido ejercicio pedagógico, y ya el pueblo colombiano conoce sus derechos y los procedimientos para defenderlos. No es extraño que un párvulo encuentre posible “entutelar” al profesor violento o al padre que lo abandona.

 

La campaña tendiente a la recreación de la Carta Mayor (la “Magna” fue en 1215, y no existía Colombia) hizo ofertas que no se cumplieron. Probablemente el mayor atractivo era la transformación de nuestro régimen representativo al sistema participativo. La representación sigue más o menos igual, y la participación es precaria. Lo más importante era el mandato revocable: Servidor que no sirva es servidor que se va a la casa. Pero eso no se consiguió. El mandato revocable –como un caramelo para distraer la atención- solo opera respecto de los alcaldes y gobernadores. Por qué no se amplió nunca para revocar el mandato del presidente de la república, de los congresistas, de los diputados, de los concejales? En cambio se la ha sometido a sistemáticas contrafacciones para implantar las reelecciones, con marcada inmoralidad porque no se discute y aprueba por sujetos imparciales y habilitados sino por los mismos que serán sus primeros usufructuarios.

 

Aspecto ineludible es el relacionado con la soberanía. La soberanía era lo que permitía a un Estado tener una Constitución, y en ella se concebía como Estado soberano porque no había ninguna autoridad sobre la autoridad de su Constitución. Desde mediados del siglo pasado se ha reemplazado el concepto de soberanía por el de interdependencia de las naciones. Además, la doctrina de la supraconstitucionalidad de los Tratados públicos indica que la Constitución está en un nivel secundario. A medida que se suscriben Tratados la soberanía va desapareciendo en jirones, y aparecen autoridades que juzgan –Corte Interamericana de Derechos Humanos- y que sojuzgan –Fondo Monetario Internacional- al Estado y desmoronan su constitución. Con el TLC que se firma con los Estados Unidos desaparece la soberanía nacional en materia económica, ya nada tienen qué decir o decidir nuestros gobiernos o nuestro Congreso: todo está previsto allí…

 

EL ESTADO EN LATINOAMERICA

 

 

 

 

En nuestro tiempo la ciencia política, ahora llamada análisis político, ha cambiado su punto de vista sobre el Estado. Antes se tenía una concepción casi metafísica y eminentemente formal, en la que la noción de Estado respondía a un conjunto de elementos concretos que al unirse daban un resultado identificable por todos como Estado. La subsiguiente influencia del pragmatismo de James y de sus seguidores norteamericanos desestima el concepto específico de Estado y lo sustituye por una pluralidad de opciones o “posibilidades de que algo sea Estado”; se desplaza la visión de un aparato político, y se conquista con mejor dinámica la de sistema o sistemas políticos.

 

Se puede observar fácilmente que la teoría del Estado no ha corrido parejos caminos en Europa y en América Latina. En este continente el proceso ha generado una conciencia más o menos sólida de que el Estado surge y depende del movimiento constitucional. A diferencia de los europeos y anglosajones de América que sienten que la Constitución no hace el Estado sino que refleja el Estado, generado por el movimiento social. Los latinoamericanos tienen la convicción de que hacer constituciones es hacer el Estado, y que una reforma o sustitución de la Constitución va a revertir en cambios sociales. La experiencia de los últimos decenios va mostrando lo equivocado de esta tesis. Sobre todo en Colombia, donde el Estado sigue igual, con sus virtudes y vicios, a pesar del cambio de Constitución.

 

El Estado contemporáneo confronta problemas nuevos, como son la relación con la pluralidad de etnias que dentro de él permanecen en más conflicto que armonía; y de otro lado, la confrontación -igualmente severa- con las tendencias internacionales de la dinámica supraestatal. Los nostálgicos de la soberanía estatal tropiezan ahora con la incidencia de una difusa voluntad supraestatal en materia de relaciones comerciales, de derechos humanos, de legislación comunitaria, de industrialización de la cultura y la información, etc. Relaciones que no son unívocas sino que se abren en abanico para ser dependencia, imposición, subordinación, acuerdo a nivel, y tantas más. Antes de que INTERNET se volviera un espacio incontrolable de comunicaciones al acceso de todos, ya eran internacionales la estrategia geopolítica militar y la programación de la economía…

 

Aunque la historia del Estado latinoamericano es un puente secular entre diversas formas de dependencia -“De la dependencia de España a la dependencia de Estados Unidos”- los politólogos solían distinguir varias etapas. Los Estados latinoamericanos surgen con su independencia de la metrópoli, permaneciendo en adelante vinculados umbilicalmente a la estructura capitalista general de Occidente. Esto ocurre para todos en las primeras dos o tres décadas del siglo diecinueve. En la segunda mitad de ese siglo, asumen la forma de Estados oligárquicos y se empiezan a delinear las familias que dinásticamente serán representativas en la conducción del país. Las revoluciones del 17 en Rusia, y del 20 en México, dan entrada a las esperanzas populistas hasta la mitad del siglo veinte, pero las oligarquías económicas conservan su poder con la estrategia del reformismo demagógico que les permite conservar su influjo hasta la segunda postguerra. Con ésta llegan los vientos del desarrollismo, la autoridad política toma para sí ese compromiso y se esfuerza por recobrar los retos de la modernización del Estado y darle contenidos más dinámicos al envejecido concepto de la democracia.

 

Desde los días de la penosa independización, la formación del Estado atraviesa crisis que no son idénticas en todo el continente. El resultado natural de la consolidación de una conciencia política tiene agregados peculiares, que en un lado son aportados por el mestizaje, por el criollismo, (Colombia) en tanto que en otros está matizado en mayor proporción por los intereses de inmigrantes invasores e incontaminados (Argentina y Chile), y en tercer lugar por las tradiciones indígenas como en Bolivia. No es posible, entonces, pensar en una homogeneidad sociológica del concepto de nación en los Estados latinoamericanos. Esto significa que rotas las cadenas de la dependencia externa, los Estados nacientes se enredaron en luchas, nacionales sí, pero que eran manifestación de intereses contrapuestos y reacción de los partidos o sectores derrotados. En Colombia, desde entonces, los criollos y mestizos descendientes de los chapetones, tendrán la confrontación sorda de las minorías negras e indígenas, que se articulan desde entonces en el proletariado laboral e indigente. La lucha política -y civil- en el Cono Sur se dará entre los inmigrantes que se apropian por ocupación de todos recursos, los sectores de mestizaje relativamente restringidos, y los grupos de indígenas y negros que son primero desposeídos y luégo eliminados. Las regiones donde resultan fuertes las tradiciones indígenas, como Bolivia y acaso Ecuador, se configuran como verdaderas islas presionadas por la influencia de los vecinos y que poco a poco van debilitando en una agonía secular ese elemento basal de su estructura sociopolítica. El indigenismo lucha a brazo partido contra la modernidad, y hace tránsito a simples manifestaciones folclóricas antes de desaparecer definitivamente. A la larga se van imponiendo partidos que con el pretexto de la marcha hacia la unidad nacional van descabezando y disolviendo toda muestra de pluralismo.

 

Con la crisis económica del 30 los Estados, en cuyas constituciones la oligarquía dominante había inscrito profusos conceptos liberales, se mostraron incapaces de afrontar los problemas, y como castillos de naipes fueron cayendo sus gobiernos y se vió la necesidad de remozar los instrumentos de dominación. En Colombia, después de la larga hegemonía conservadora, llega el turno para los gobiernos liberales a partir de Olaya Herrera en el 34. Comoquiera que para entonces la oligarquía compartía o alternaba en los principios ideológicos, esta crisis se mostró también como una primera contradicción interna o fragmentación de la oligarquía bipartidista. Y a partir de entonces se inició una saga en la que a la postre no estaba el país administrado alternativamente por las oligarquías terratenientes de uno y otro partido, sino que en realidad existía un solo partido -el liberalconservatismo- que con dos caras ponía el monopolio del poder siempre en manos de la misma oligarquía liberalconservadora, detentadora del capital y de la tierra, y como reflejo, del poder político.

 

Posteriormente, las masas presionaron por su integración al proceso económico-político, y las oligarquías aparentaron ceder a la presión y dieron a luz reformas y concesiones populistas que luego tomaron forma. Este Estado que pretende hacer intervencionismo de favor popular, es en realidad el Estado desarrollista -primero crecer y después repartir- que se monta con la ayuda de la C.E.P.A.L. con proyecciones hasta la década del 70. Tuvo como espíritu santo a Keynes, y adoptó instrumentos como el bienestar general y la democracia participativa. Esta última sólo llegaría a Colombia veinticinco años más tarde, pero a otros Estados latinoamericanos no llegaría nunca. La rebelión de Castro y su revolución socialista condujeron a la estrategia paternalista de la Alianza para el Progreso, y fracasada ésta vinieron las crisis políticas aquí y allá resueltas por el arbitraje o la arbitrariedad de los militares. La década del 60 es abiertamente caracterizada por el golpismo, y el mapa de América se viste de verde oliva y calza botas. Pero este golpismo -cosa curiosa- no era caudillista. No había líderes carismáticos, sino que se trataba de planificación de camarillas, de grupos castrenses coligados con sectores oligárquicos y en ocasionales alianzas con los partidos políticos. Así se vió en Brasil, Argentina, Chile, Perú y Uruguay. Documentos posteriores desvelaron la convergencia de todos los golpes con las intereses de los Estados Unidos y de su política exterior, hasta los extremos predicados en la Doctrina de la Seguridad Nacional. A partir de entonces las fuerzas armadas pasaron a ser consideradas como parte esencial de la administración del Estado. En Colombia se habló de un período en el que mandaba el General Camacho Leyva a su presidente Turbay Ayala. El hecho real era que desde decenios antes los oficiales superiores se formaban en las Escuelas de Guerra patrocinadas y dirigidas por el gobierno de Estados Unidos, en varios países -Panamá, Perú, Brasil…-. El objetivo final era la ocupación de los Estados por sus propios ejércitos, y se fué logrando gradualmente en gran parte de Latinoamérica. La estrategia no solo se dirigía a capacitar a los jefes militares para la administración, sino en refinar los procedimientos de la represión totalitaria frente a toda eventual oposición o divergencia política. El paso siguiente ha sido la alianza consolidada de las castas militares con los sectores fundamentales del capital, los grandes comerciantes, los banqueros, los exportadores de materias primas, y las industrias multinacionales interesadas en invadir nuevos mercados. Este último servicio lo dejó listo en Colombia el gobierno de César Gaviria, a costos tan grandes como el sacrificio del sector agrario, y la privatización de las industrias y establecimientos productivos del Estado. La sujeción a las programaciones externas, y al neoimperialismo norteamericano, se observan cotidianamente con los viajes del inverecundo Fiscal General de la Nación -cargo impuesto por Estados Unidos en la reforma de la justicia- a los Estados Unidos en busca de financiación, apoyo e instrucciones.

 

El neoliberalismo, la sombrilla ideológica de la década, pregona como línea de conducta para el Estado la conveniencia de limitarse a las actividades no rentables. Esto supone convertir en rentables y montar sobre el eje del lucro, los servicios que antes se consideraron parte de la obligación pública. Según ésto, el Estado no debe competir con los empresarios privados en sector económico alguno, en tanto pueda ser explorado y explotado por los particulares. El papel que se asigna al Estado -como en la matriz manchesteriana- es ser el guardián del orden social: el Estado Gendarme, ni más ni menos. El custodio de la propiedad privada y de la iniciativa particular, el garante de la lucha de todos contra todos y la supervivencia de los más aptos, económicamente hablando. Las garantías económicas, es una obviedad recordarlo, se protegen mediante las políticas represivas. Por ello es previsible que la duración del neoliberalismo dependerá de la paciencia de las masas. Del tiempo que soporten la ocupación militar del país por el propio ejército, la persecución al sindicalismo, el desaparecimiento de los defensores de los derechos humanos, el señalamiento del pensamiento contestatario en intelectuales y estudiantes, la libertad de la prensa no sobornada por el régimen.

 

El año de 1995, heredero en gran parte de los compromisos externos de la política gavirista en Colombia, costó en represión a cargo de las fuerzas armadas dos mil cuatrocientos millones de dólares. Las fuerzas armadas  perdieron muchos hombres, mataron y capturaron algunos guerrilleros, proporcionalmente muy pocos por ese costo. De modo que tal gasto ni fué negocio para los militares ni fué inversión útil para el país. Los ministros de defensa han reconocido un censo de diez mil guerrilleros, que influye decisivamente en más del cincuenta por ciento de los municipios del país. Tomemos un supuesto de 24.000 guerrilleros para redondear cifras. Si de 2.400.000.000 de dólares, le corresponden a cada guerrillero 100.000 dólares al año, éstos equivalieron durante el que terminó a cien millones de pesos por cabeza: Una modesta casa de cincuenta millones de pesos y un sueldo de un millón de pesos mensuales a lo largo de cuatro años. Si el sentido de la guerra civil fuera solamente económico resultaría útil la aventura de cálculos como éste. Pero, y las Fuerzas Armadas ? De qué van a vivir los generales, así se miren tan precarias la inteligencia y la eficacia de su acción ?

 

En la conciencia popular latinoamericana se cuece una perspectiva con diferente dinámica para los comienzos del milenio. Las fuerzas armadas de América Latina, en general, han perdido credibilidad y disminuye cada vez el respeto hacia su imagen. Han tenido inclusive posibilidades de administrar de la mano con sus mentores imperialistas, y han fallado en todas partes, salvo en Chile. Porque no toda América es Chile. No toda América está dispuesta a pagar el precio que pagó Chile. Al lado de una conciencia civilista y antimilitarista cada vez más extendida, surge un nacionalismo de nuevo corte que intenta objeciones a la internacionalización de la economía, la dependencia política y el creciente endeudamiento externo. En principio, se ve muy difícil el rechazo eficaz de la globalización económico-política del mundo. Pero el paso político al milenio va a forzar a los gobiernos que quieran sobrevivir a nuevas concesiones en favor de las necesidades populares. Colombia es hoy muestra de que la solución militar de la lucha antiguerrillera nunca será exitosa. Mientras no se combata el desempleo creciente y se democratice la distribución de ingresos, la escandalosa brecha mayor todos los días entre los bien pagados por la economía y los menesterosos de la zona laboral, dará fundamento ideológico a las guerrillas. Los administradores dejarán de creer sus propias mentiras sobre la desideologización de las guerrillas con el hecho tozudo de que contidianamente crecen los frentes y muestran su vigor táctico las operaciones guerrilleras.

 

Es curioso que en las discusiones de la Reforma Tributaria en el congreso colombiano, el énfasis de la extorsión a cargo del Ministro de Hacienda se ponía en que de no aprobarse todos los recortes financieros afectarían la inversión social. Tanto como decir que los impuestos se reducen para los de arriba, y los gastos sociales sufren las adversidades de la gestión. Dentro del compromiso de la inserción en la economía internacional, ya se han empezado a observar las muestras del futuro que viene: infraconsumo, desempleo disfrazado en las llamadas microempresa y famiempresa, subempleo profesional y técnico, pérdida de poder adquisitivo de los salarios reales, reducción del gasto social, disminución de cobertura en los servicios públicos privatizados.

 

La tesis de Galbraith, expuesta hace más de treinta años, en la que se asignaba al Estado el papel liberal de árbitro entre los sectores del capital y el trabajo, ha sido desmontada por la dolorosa experiencia: El Estado no puede ser árbitro entre el capital y el trabajo, porque sencillamente no es neutral en tanto es hijo y aliado del capital. La interpretación marxista ha mostrado su sólida construcción teórica, y ha sido confirmada por la historia. Más que siempre antes, el Estado del neoliberalismo es un instrumento de dominación con evidente carácter clasista. Y ésto resucita toda la panoplia de las argumentaciones de Marx sobre su proceso y destino. El Estado contemporáneo no restablecerá el equilibrio: por el contrario, creará las condiciones para la generación y acumulación de ganancias. La distancia entre economía y Estado, o si se quiere entre gerentes y administradores políticos, tenderá a desaparecer hasta lograr la identificación e hipóstasis de unos en otros. Volverán los tiempos en que los Adolfos Díaz, los McNamaras, los Pastranas y los Lleras pasaban de las gerencias de las grandes concesionarias  a los altos cargos de las repúblicas, y viceversa. La crisis fiscal del Estado salta cuando se descubre que la misión del Estado de bienestar es el bienestar del proceso capitalista. Y este espectro no involucra solo a los Estados potencias. Ahora está también incrustado en la estructura de las repúblicas latinoamericanas, y corresponde a un momento ineludible de su desarrollo.

 

Como resultado del endeudamiento externo, los Estados latinoamericanos están en un momento histórico unívoco y distinto. Sin duda ninguna, la deuda los ha convertido en dependientes y ha comprometido gravemente su soberanía. Es superfluo discutir si la deuda externa se puede pagar, o si se tiene qué pagar. El hecho es que ella es un instrumento de ataque a la soberanía de estos Estados, y tendrán qué hacer concesiones de soberanía en una de dos formas: cesiones con contenido patrimonial, como permitir la instalación de bases militares, cejar en sus pretensiones de delimitación de áreas de influencia, entregar sus recursos naturales; o cesiones de carácter ideológico, tales como entrar en alianzas comerciales impuestas, o en compromisos militares y policivos manipulados desde fuera, o entrar a conformar frentes específicos en conferencias y entidades internacionales. En uno u otro caso, el compromiso de la soberanía es de relieve, y es inevitable. Cualesquiera sean los caminos que se exploren, los Estados de Latinoamérica solamente son autónomos en pequeños sectores en los que el poder no está atraído a órbitas internacionales y supraestatales de hecho. En los sectores fundamentales -Economía y Poder Militar- los Estados latinoamericanos son heterónomos y están inscritos en planes continentales que no son trazados con su participación sino que les son impuestos y controlados desde fuera, en muchos casos sin especiales presiones pues los intereses extranjeros cuentan en el interior de los Estados con una quinta columna de burguesías de variada laya, para las cuales -con mucho sentido práctico- el patriotismo significa poco frente al interés del lucro

 

 

LA   COLONIA Y SUS INSTITUCIONES

 

 

España, ocupada a lo largo de los siglos por numerosos pueblos, constituyó un verdadero crisol de razas, y a través de un reiterado mestizaje fué generando un pueblo de características propias. En el siglo VIII se produjo una inmigración beligerante, una verdadera invasión de los pueblos del norte de Africa, que poco a poco fué ascendiendo hacia la gran llanura europea, y se estacionó ocupando buena parte de la península ibérica. Esta ocupación de los moros trajo consecuencias de interés, como las que se inscriben en el contexto cultural: aporte lingüístico que enriquece el idioma español, nuevos métodos en el cultivo de la tierra, desarrollo de las ciencias matemáticas y de la astronomía, incremento del comercio interno y externo, y monumentos arquitectónicos que hoy todavía quedan como hitos formidables del influjo árabe.

 

Desde el punto de vista político, la reacción natural de los peninsulares fué organizarse a través de varias generaciones para la Reconquista de su propia patria y la expulsión de los invasores. Diversos reyes y señores feudales fueron uniendo sus fuerzas para alcanzar tal objetivo, y a lo largo de los ocho siglos siguientes los árabes fueron siendo forzados a reducir sus dominios, y a fines del siglo XV pierden su última posesión, la ciudad de Granada, donde es derrotado Boabdil.

 

Esta victoria es lograda por los reyes Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Al contraer matrimonio habían unido sus reinos y en torno a ellos se había realizado la unificación de España. Las hazañas de sus ejércitos en favor de la religión católica y en contra de los llamados infieles movieron al Papa a darles el título de Reyes Católicos, con el que los conocemos en la historia.

 

Este episodio de la expulsión de los moros, cumplido en 1492, es la condición que les permite desarrollar una política de reconstrucción del Estado, de organización de los recursos económicos maltrechos por la larga guerra, y agilizar las relaciones exteriores políticas y comerciales. En este momento histórico aparece Cristóbal Colón con sus proyectos de exploración de nuevas rutas, y después de las naturales dudas y discusiones de los sabios en torno a sus ideas, recibe el apoyo de los monarcas para la expedición que conducirá al descubrimiento de América.

 

El descubrimiento de América es mirado por los analistas económicos como causa y consecuencia del capitalismo subsiguiente. Es causa del capitalismo en la medida en que propicia la acumulación primaria de capitales que es condición de existencia de la utilización del dinero como capital. En efecto, la conquista de los territorios descubiertos es una verdadera expoliación en la cual saquean las riquezas naturales y sociales de los pueblos vencidos. El oro toma rumbo a España prácticamente sin contraprestación económica, lo que es tanto como afirmar que se acumulan riquezas arrebatadas a los aborígenes prácticamente sin inversión, o con la mínima inversión: el costo de ir por ellas. El capital así acumulado en la España conquistadora no se destina a la producción de bienes sino a la circulación de los bienes existentes en toda Europa. Los españoles no usan la riqueza traída -sustraída- de América para su desarrollo industrial, sino que la aplican al comercio de especies suntuarias. Por esta razón el oro de América pasa por las manos españolas a las arcas de los países comerciantes de Europa, los cuales son, en últimas, quienes realmente aprovechan tal bonanza económica dando salida cara a sus mercancías y productos. La peor consecuencia de la llegada del oro americano a la península fué el incremento desmesurado del dinero en circulación, es decir, se produjo un inflación incontrolable que arruinó a muchos.

 

Pero también, dicen, es el descubrimiento consecuencia del capitalismo, porque éste había propiciado los viajes y estimulado la búsqueda de nuevas rutas, la apertura de nuevos mercados. Y el descubrimiento de las tierras americanas no fué tanto para bautizar infieles y conducir sus almas al cielo, sino para convertirlos en usuarios y consumidores de la producción mercantil de los capitalistas europeos.

 

 

Bajo la dinastía de la Casa de Austria, que sigue a los Reyes Católicos, tiene su auge el imperio español, y llegará hasta el siglo XVII aproximadamente. Al finalizar este siglo habrá sido reemplazada por Francia en la dirección de la política y del comercio europeos. El descenso económico de España ya venía gestándose desde la expulsión de los moros, con lo cual se empobreció la mano de obra destinada a la agricultura, y decayó el comercio, una y otro alimentados por los expulsados. Luégo la decadencia fué corroborada por la mala utilización del oro americano, la falta de industrias, el costo de las guerras, el cambio de sus recursos naturales por productos extranjeros elaborados, y el contrabando que por entonces era conducta muy extendida. Esta coyuntura es aprovechada por las otras naciones, en especial por Holanda, Francia e Inglaterra.

 

La mencionada dinastía de los Austrias asume la organización de los territorios descubiertos y conquistados, tanto en lo político como en lo económico. Y para ello trasplantan o crean sus fórmulas de administración, caracterizadas por la mezcla político-religiosa, el apego a las formas legales y a las oficinas y despachos, y el ejercicio del poder con ribetes de arbitrariedad. Estas estructuras rígidas solo vendrán a aflojarse un poco con la llegada de los Borbones, dinastía de orígen francés que empieza en España con Felipe V, y viene prácticamente hasta nuestros días, cuando reina Juan Carlos I de Borbón y Borbón.

 

La influencia francesa en España introduce el espíritu liberal de la Enciclopedia, lo mismo que nuevos intereses estéticos e intelectuales. Los Borbones se caracterizaron, al decir de los historiadores, por su apertura hacia las labores del arte y la inteligencia, las innovaciones y, en ocasiones, la tolerancia al populismo. Sus monarquías han sido denominadas despotismo ilustrado por tal comportamiento. Y su actitud en favor del progreso se hace manifiesta con la difusión de libros y el establecimiento de bibliotecas, el estímulo a los artistas y el favor a las tertulias y al teatro, la autorización de imprentas y de periódicos, y la protección y admiración a los filósofos y escritores. En América debe mencionarse la fundación de la Expedición Botánica, que fué semillero de científicos y de patriotas.

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